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“Veinticuatro horas bastaron para desnudar un conflicto que va mucho más allá de un gobernador. Un estado marcado por la violencia no puede permitirse añadir a la inseguridad una conducción política incierta. Sinaloa necesita autoridad, rumbo y confianza; no una gubernatura que, en cuestión de horas, pasa del regreso al poder a una nueva solicitud de licencia”.
Por: Hugo de la Cuadra Mendoza
Rubén Rocha Moya se reincorporó el 21 de agosto, después de 112 días separado del cargo. Su primera licencia se produjo en medio de investigaciones y señalamientos que el mandatario ha rechazado. Apenas un día después de volver a Palacio de Gobierno, solicitó nuevamente al Congreso separarse temporalmente, esta vez con carácter indefinido y por un periodo superior a treinta días.
Entre ambas decisiones ocurrió algo políticamente más grave que un simple cambio de opinión: quedó expuesto el aislamiento del gobernador dentro de su propio movimiento.
La distancia marcada desde la Presidencia de la República, la dirigencia de Morena, legisladores y gobernadores del mismo partido convirtió su retorno en un episodio difícil de sostener.
Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que “el poder sin principios se vuelve arrogancia”, el mensaje trascendió a una persona: ningún interés individual puede colocarse por encima de la estabilidad institucional, del proyecto político, ni mucho menos, del interés nacional.
Las implicaciones de un retorno que alteró el equilibrio interno
La crisis de Sinaloa dejó hace tiempo de ser solamente un problema de seguridad. Hoy también es una quiebre de gobernabilidad, confianza y cohesión social.
Mientras comunidades padecen homicidios, desapariciones, desplazamientos, afectaciones económicas y una prolongada disputa criminal, la ciudadanía observa a un Ejecutivo que entra, sale y vuelve a separarse del cargo. Para una sociedad que exige certezas, la imagen es demoledora.
En política, la legalidad es indispensable, pero no siempre suficiente. Un gobernante puede tener facultades constitucionales para regresar y, al mismo tiempo, haber perdido las condiciones políticas para ejercer con eficacia. Gobernar exige legitimidad jurídica, pero también autoridad moral, respaldo institucional y capacidad para generar confianza.
El episodio también cobra factura a Morena y al Gobierno Federal. El regreso de Rocha abrió innecesariamente un frente interno, tensionó el discurso de unidad y obligó a la Presidencia a marcar distancia en un momento especialmente delicado para la seguridad nacional y la relación con Estados Unidos. La segunda licencia puede contener la crisis inmediata, pero no borra el daño político ni la percepción de improvisación.
El escenario que obliga a demostrar al poder que puede mantener el rumbo
Ahora el desafío no consiste simplemente en administrar la ausencia de un gobernador. El verdadero reto es impedir que la incertidumbre del poder se traslade a las calles.
Sinaloa requiere una conducción estable, coordinación absoluta con la Federación y una prioridad inequívoca: recuperar seguridad, territorio, economía y confianza ciudadana. El Congreso local tiene una responsabilidad que rebasa cualquier cálculo partidista: garantizar continuidad constitucional, certidumbre política y condiciones reales de gobernabilidad.
Las instituciones existen precisamente para impedir que la estabilidad de un estado dependa de la voluntad o de las circunstancias de una sola persona.
Cuando un gobierno titubea no solamente pierde poder: pierde tiempo, autoridad y confianza. Y en un estado herido por la violencia, cada vacío que deja la política termina siendo una oportunidad para quienes pretenden gobernar al margen de la ley.
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