Automovilistas que transitan de forma frecuente por la autopista México–Pachuca han denunciado públicamente una serie de presuntas extorsiones atribuidas a personas que se hacen pasar por agentes ministeriales en distintos puntos del Estado de México.
De acuerdo con los testimonios, las detenciones se habrían presentado durante varias semanas, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades correspondientes.
Detenciones arbitrarias y señalamientos sin sustento
Las personas afectadas señalan que el modus operandi consiste en interceptar a los conductores bajo el argumento de una supuesta falta o delito, aun cuando no existirían elementos para acreditarlo.
Ante la amenaza de ser detenidos o enfrentar cargos penales, las víctimas refieren que se les exige la entrega de dinero en efectivo para evitar consecuencias legales.
Testimonios permiten identificar un patrón de actuación
Tras una primera denuncia difundida en redes sociales, otros conductores comenzaron a compartir experiencias similares, lo que permitió identificar un patrón común en la forma de operar.
Los hechos no solo se habrían registrado en la vía de cuota que conecta a Hidalgo con la Ciudad de México, sino también en la carretera libre y en otras vialidades de alta circulación, como México-Lechería y Tlalnepantla-Cuautitlán.
Algunos testimonios refieren que los presuntos responsables se desplazan en vehículos tipo Dodge Charger, similares a los utilizados por corporaciones de seguridad, y aseguran estar adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
En uno de los casos reportados, un conductor fue perseguido tras negarse a detenerse, recibiendo amenazas durante varios minutos antes de lograr evadir a quienes lo interceptaban.
Pagos exigidos alcanzarían decenas de miles de pesos
Las víctimas señalan que los montos solicitados como parte de la extorsión van desde los 30 mil hasta los 80 mil pesos, bajo distintos pretextos, como irregularidades administrativas o supuestos delitos.
En algunos casos, familiares o empleadores habrían realizado los pagos para evitar que los conductores fueran trasladados o que los vehículos quedaran asegurados.
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