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La violencia política en Epazoyucan quedó bajo la lupa tras la emisión de una recomendación formal por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, que acreditó violaciones graves a derechos humanos en agravio de cuatro regidoras del Ayuntamiento.
¿Qué determinó la CDHEH?
El organismo autónomo emitió la Recomendación R-VG-0001-26 luego de investigar presuntos actos de violencia política por razón de género, discriminación y desobediencia institucional atribuidos al presidente municipal.
La indagatoria se originó tras un exhorto del Congreso del Estado de Hidalgo, que solicitó revisar posibles irregularidades en el ejercicio del cargo público.
Tras el análisis de pruebas, la Comisión concluyó que existieron conductas contrarias a los principios de igualdad sustantiva, no discriminación y respeto a la dignidad humana.
Discapacidad y maternidad en el centro del caso
Entre los hechos documentados se encuentran expresiones descalificatorias hacia las regidoras, así como actos considerados discriminatorios por discapacidad visual en uno de los casos.
Además, la CDHEH señaló omisiones relacionadas con la maternidad, al impedirse la toma de protesta de una regidora durante el periodo de puerperio sin aplicar ajustes razonables ni perspectiva de género.
La presidenta del organismo, Ana Parra, subrayó que la conciliación entre maternidad y participación política continúa siendo un desafío estructural en la vida democrática.
Derechos vulnerados y medidas ordenadas
El organismo acreditó violaciones a derechos como:
- Libertad de expresión
- Igualdad de oportunidades
- No discriminación
- Participación en la vida política
- Vida libre de violencia
Entre las medidas recomendadas se incluye la inscripción de las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, capacitación obligatoria en derechos humanos para integrantes del Ayuntamiento y el inicio de procedimientos de responsabilidad conforme al marco legal vigente.
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¿Qué sigue en el proceso?
La recomendación fue notificada a las partes involucradas y se encuentra en espera de aceptación por parte del Congreso local, instancia que, de acuerdo con la ley, puede asumir el carácter de órgano de acusación en caso de configurarse responsabilidades políticas.
Asimismo, la Comisión solicitó colaboración a autoridades estatales en materia de procuración de justicia, delitos electorales y protección de derechos para investigar y prevenir conductas similares.
El plazo para la respuesta institucional vence el próximo 2 de marzo.
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