Jorge Reyes afirma que algunos regidores frenaban obras y pedían beneficios a cambio de aprobarlas

El presidente municipal de Pachuca, Jorge Alberto Reyes Hernández, se pronunció a favor de la reforma constitucional que permitirá a los alcaldes celebrar contratos y convenios sin requerir autorización previa de sus cabildos, al considerar que esta medida evitará retrasos en la ejecución de obras públicas y posibles actos de corrupción, debido a que algunos regidores condicionan su aprobación a cambio de dinero o beneficios personales.

Luego de que el Congreso de Hidalgo aprobara, con siete votos en contra, las modificaciones a la Constitución Política del Estado, el edil sostuvo que esta disposición permitirá agilizar los procedimientos administrativos, sin eliminar las facultades de vigilancia y supervisión de las asambleas municipales.

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Explicó que actualmente existen municipios donde las obras públicas permanecen detenidas debido a la falta de autorización de algunos regidores, pese a que los proyectos ya fueron contemplados en los presupuestos y cumplieron con los procedimientos establecidos en la legislación.

Detalló que los ayuntamientos realizan una proyección anual de sus presupuestos de egresos, en la que se establecen las obras, adquisiciones y acciones que se pretenden ejecutar durante el ejercicio fiscal, mismas que son sometidas a la consideración de los integrantes del cabildo.

Posteriormente, los proyectos pasan por los comités de obras públicas y adquisiciones, en los cuales también existe participación de representantes municipales, además de los procedimientos de licitación o adjudicación correspondientes.

Sin embargo, señaló que en algunos municipios, una vez seleccionado al contratista o proveedor ganador, es necesario regresar nuevamente al cabildo para solicitar autorización para formalizar el contrato, lo que genera retrasos y abre la posibilidad de negociaciones políticas.

“Entonces se abre la puerta a la corrupción. Estamos hablando de un tema de anticorrupción y de transparencia y entonces se generaba lo contrario”, manifestó.

¿Los regidores perderán poder con la reforma?

En este sentido, Reyes Hernández acusó que algunos integrantes de los cabildos aprovechan esta facultad para solicitar beneficios económicos a cambio de permitir la ejecución de proyectos.

“Algunos regidores o regidoras piden mochada o piden dinero o piden algo a cambio con tal de poder autorizar esa obra o con tal de poder hacer esa compra que va a beneficiar a todos”, expresó.

Asimismo, reconoció que en Pachuca anteriormente se presentaban situaciones en las que era necesario llegar a negociaciones para obtener las autorizaciones correspondientes, aunque no identificó a los integrantes de las administraciones municipales involucrados.

Consideró que las diferencias políticas o personales entre regidores y presidentes municipales no deben convertirse en obstáculos para el desarrollo de proyectos de infraestructura o la adquisición de bienes y servicios destinados a la población.

“No se puede dañar a los ciudadanos, a las ciudadanas por cuestiones personales que no tienen absolutamente nada que ver con el trabajo del municipio”, sostuvo.

No obstante, aclaró que la reforma no representa una eliminación total de las atribuciones de los cabildos, pues sus integrantes continuarán participando en la aprobación de los presupuestos, programas de obra y mecanismos de vigilancia del gasto público.

También enfatizó que los presidentes municipales mantendrán la responsabilidad de transparentar los recursos y justificar las contrataciones realizadas, por lo que la modificación no les otorgará facultades para disponer del presupuesto de manera discrecional.

En el caso de Pachuca, aseguró que su administración continuará informando a los integrantes del ayuntamiento sobre las acciones y contrataciones realizadas, independientemente de que deje de ser obligatorio solicitar una autorización adicional.

Contraloría de Hidalgo defiende el cambio

Por su parte, el secretario de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, reveló que fue uno de los promotores de esta reforma, al considerar que el requisito de autorización de las asambleas municipales ha provocado obstáculos en los procesos de contratación de obra pública y adquisiciones.

Explicó que, en algunos ayuntamientos, bastaba con que tres, cuatro o cinco integrantes del cabildo manifestaran desacuerdos o solicitaran alguna prebenda para paralizar los procedimientos administrativos.

“¿Por qué tiene que haber una autorización expresa de la asamblea cuando tenemos dos leyes bien establecidas y bien fundamentadas, la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones?”, cuestionó.

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El contralor señaló que existen mecanismos legales para garantizar la correcta contratación de obras y servicios, entre ellos los comités de adquisiciones, padrones de proveedores y contratistas, procedimientos de licitación, disposiciones de transparencia y vigilancia de los órganos fiscalizadores estatales y federales.

Por ello, consideró que eliminar la autorización adicional de los cabildos permitirá dar mayor fluidez al ejercicio de los recursos públicos y evitar que los municipios lleguen al cierre del año sin ejecutar sus presupuestos debido a retrasos administrativos.

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