Revisarán protocolos de seguridad en escuelas
Natividad Castrejón Valdez, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo (SEPH), afirmó qué revisaran procedimientos en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y el encargado del despacho, Santiago Nieto Castillo.
Esto con la finalidad de no repetir procesos se vivieron en la escuela secundaria de Atotonilco de Tula, donde elementos del MP llegaron a cerrar la escuela, en un acto que consideró aparatoso.
Recordó que 33 alumnos resultaron intoxicados, el pasado 28 de noviembre. Y posteriormente los padres de familia decidieron cerrar la cafetería para hacer limpieza y evitar que algún alimento contaminado hubiera sido el origen.
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La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) le realizó exámenes a todos los alumnos que se vieron afectados en su salud y solamente salió un caso, con un resto de algún tipo de sustancia prohibida o controlada.
El funcionario específico que esa sustancia suele ser usada por «chicas o chicos para bajar de peso o control de peso».
Y en la última revisión que fueron autoridades de seguridad tenían una orden para cerrar la secundaria Felipe Orizatlán de la cabecera municipal.
Sin embargo, el titular de Educación Pública se puso en contacto con el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia Santiago Nieto castillo y en menos de una hora dejaron libre el tema.
Castrejón Valdez dijo que era parte de las investigaciones, «si el Ministerio Público ordena dentro de sus facultades que se haga una visita, pues ellos tienen sus protocolos».
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Reconoció que faltó coordinación para que no se pusieran a los alumnos en riesgo, y reiteró que lo hablo con Nieto Castillo y con el gobernador, Julio Menchaca, para que se sienten a revisar que esas cosas no sucedan porque posiblemente inquietan a toda una comunidad escolar.
Mencionó que desde su percepción se hizo el proceso de una manera aparatosa, «excesiva y que no correspondía al evento que iban a hacer» (una revisión).
El funcionario estatal afirmó que ese mismo día se retiraron los elementos de seguridad y más que un error fue un proceso judicial, pues había una orden de que se hiciera.
