/https://wp.lajornada-hidalgo.prod.andes.news/wp-content/uploads/2026/03/Regidores-de-Ajacuba-denuncian-presunto-desacato-de-la-alcaldesa-ante-el-tribunal.jpeg)
Un grupo de aproximadamente seis regidores del ayuntamiento de Ajacuba difundió un video a través de redes sociales en el que denunciaron presuntas irregularidades en la administración municipal, así como el supuesto incumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo por parte de la presidenta municipal Zitlaly Jazmín Zúñiga Peña.
En el mensaje, el regidor Abelardo Ramos Morales informó que el miércoles de esta semana presentaron ante el tribunal un documento mediante el cual buscan acreditar el presunto desacato de la alcaldesa a una sentencia que le ordenaba proporcionar información solicitada por los integrantes del cabildo para el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con el edil, el tribunal había emitido días antes una resolución en la que instruyó a la presidenta municipal entregar la documentación requerida en un plazo de cinco días; sin embargo, aseguró que la información debió haberse entregado a más tardar el martes 10 del presente mes y no fue proporcionada.
“Ponemos de conocimiento de todos ustedes que, por así convenir a sus intereses, la presidenta ha decidido pasar por alto lo ordenado por el propio Tribunal Electoral”, afirmó Ramos Morales, quien aseguró que esta situación constituye un desacato a una resolución judicial.
En el mismo mensaje, el regidor también rechazó señalamientos que, dijo, fueron realizados por la alcaldesa durante una conferencia “mañanera”, en la cual lo habría acusado de incitar a la ciudadanía a reunirse para realizar acciones en contra de la administración municipal.
Ramos Morales negó categóricamente haber enviado mensajes a la población a través de WhatsApp para ese fin y solicitó a la presidenta municipal presentar las pruebas de dichas afirmaciones. En caso contrario, advirtió que podría proceder legalmente por lo que calificó como señalamientos falsos y de desprestigio hacia su persona.
Asimismo, indicó que atender a la ciudadanía forma parte de sus funciones como regidor, por lo que aseguró que continuará realizando ese trabajo sin necesidad de solicitar autorización a la presidencia municipal.
Durante su intervención también cuestionó el uso de recursos públicos en las conferencias mañaneras de la alcaldesa y señaló que, en su opinión, dichos recursos podrían destinarse a áreas como educación, deporte u obras públicas.
Otra de las inconformidades expresadas por los regidores fue la falta de sesiones de cabildo. Según Ramos Morales, el ayuntamiento no ha sesionado desde el pasado 31 de enero, lo cual afirmó contraviene lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, que señala la obligación de realizar al menos dos sesiones ordinarias por mes.
En el video también participó la regidora Miriam Portillo Mendoza, quien sostuvo que desde el inicio de la actual administración han enfrentado limitaciones para ejercer sus funciones como integrantes del ayuntamiento.
La regidora señaló que en diversas ocasiones no se les informa sobre capacitaciones ni actividades institucionales y afirmó que algunos directores municipales han recibido indicaciones de no proporcionarles información ni colaborar con ellos en sus comisiones.
Portillo Mendoza también acusó presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, entre ellas incrementos salariales a funcionarios municipales que, aseguró, se habrían realizado sin conocimiento ni aprobación del cabildo.
Entre los cargos que, según mencionó, habrían recibido aumentos salariales se encuentran el secretario municipal, el contralor, el director del DIF, la directora de Catastro, la directora de Servicios Públicos, el director de Cultura y personal de tesorería.
La regidora también mencionó posibles casos de nepotismo dentro de la administración municipal, señalando que familiares de algunos funcionarios desempeñan cargos dentro del gobierno local, lo que dijo podría generar conflictos de interés.
Asimismo, indicó que los regidores han solicitado información sobre la adquisición de al menos siete vehículos durante la actual administración municipal. Entre ellos mencionó un automóvil Nissan Sentra asignado al director del DIF, una camioneta Honda CR-V utilizada por la síndica municipal, la cual según afirmaron originalmente pertenecía a la presidenta municipal y posteriormente fue vendida al ayuntamiento, dos camionetas de la marca JAC para uso de la alcaldesa y un automóvil Chevrolet Aveo destinado a la Secretaría Municipal.
De acuerdo con los regidores, en algunos casos se desconoce la procedencia de los recursos utilizados para la compra de estas unidades, por lo que han solicitado la documentación correspondiente para verificar la legalidad de dichas adquisiciones.
También señalaron que una de las camionetas habría sido adquirida con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), recurso que afirmaron está destinado principalmente a seguridad pública y protección civil.
Indicaron que cuando cuestionaron la compra, la tesorería municipal confirmó inicialmente que se trataba de una adquisición con recursos de ese fondo; sin embargo, posteriormente dijeron se señaló que el vehículo había sido comprado con recursos del Fondo General de Participaciones.
Los regidores también mencionaron que en enero se presentaron públicamente tres unidades para seguridad pública, entre ellas una camioneta JAC que, según afirmaron, fue presentada como nueva pese a que ya contaba con más de 20 mil kilómetros recorridos.
Asimismo, señalaron que una de las unidades mostradas como parte del equipamiento policial correspondía a una camioneta que previamente había estado en operación dentro de la administración municipal, mientras que la unidad que presuntamente fue donada por el gobierno estatal no ha sido identificada.
De igual manera, mencionaron el automóvil Chevrolet Aveo asignado a la Secretaría Municipal, el cual aseguraron habría sido vendido al municipio por un director de la misma administración por un monto aproximado de 140 mil pesos, por lo que también solicitaron documentación que acredite el procedimiento de adquisición.
Regidor afirma que no ofrecerá silencio ante posibles irregularidades
Durante el posicionamiento, el regidor Rubén González Lozano, agradeció el respaldo de trabajadores del ayuntamiento y señaló que es importante preservar la estabilidad laboral, pero también la dignidad.
“Es muy importante nuestra estabilidad laboral, pero es más importante nuestra estabilidad emocional. No podemos vender nuestra dignidad por un espacio dentro de esta administración ni estar bajo amenazas o condicionamientos”, expresó.
El edil señaló que forma parte de la fracción de Morena y afirmó que su compromiso es con los principios del partido, entre ellos la lealtad al pueblo, la transparencia, el combate a la corrupción, la humildad y el servicio público.
“Yo le ofrecí mis ganas de trabajar y servir a la ciudadanía, pero no le ofrecí mi silencio ni mi dignidad”, expresó al dirigirse a la presidenta municipal.
También la invitó a garantizar una adecuada administración del recurso público y a transparentar el manejo de todas las partidas presupuestales del municipio.
Señalan irregularidades en tesorería municipal
Durante el video también se denunciaron presuntas irregularidades en el área de tesorería municipal.
Los regidores señalaron que, hasta noviembre de 2025, la persona que desempeñaba funciones como tesorera municipal presuntamente no se encontraba registrada en nómina.
Indicaron que la contadora Ana Laura Zacatenco Luna habría realizado funciones en el área desde el inicio de la administración sin estar formalmente contratada, lo que afirmaron representa un riesgo para la integridad financiera del municipio.
Además de que Ana Laura, habría tenido observaciones en los ayuntamientos de Acatlán y Mineral de la Reforma.
También señalaron que, según versiones internas, quien aparecía en nómina era su hermana, Diana Karina Zacatenco Luna, con un sueldo aproximado de 17 mil pesos mensuales. Posteriormente, indicaron, la contadora fue incorporada formalmente con un salario de 27 mil pesos, lo que representaría un aumento de 10 mil pesos sin aprobación del cabildo.
Además, afirmaron que desconocen el monto con el que habría sido liquidada la persona que anteriormente aparecía en nómina.
Asimismo, señalaron la existencia de personal en el catálogo de puestos cuya función no está clara, como los casos de Nayeli Peralta Ríos en tesorería y Fernando Ramírez Godínez en contraloría, quienes según indicaron presuntamente trabajan a distancia.
Solicitan destitución del contralor municipal
Los regidores también cuestionaron el proceso de designación del titular del Órgano de Control Interno del ayuntamiento.
Indicaron que la Ley Orgánica Municipal establece que el cargo debe asignarse mediante convocatoria pública; sin embargo, aseguraron que en este caso únicamente se colocó un aviso en el estrado del ayuntamiento, lo que afirmaron contraviene la normativa.
Además, solicitaron la destitución del contralor municipal al acusarlo de presuntas acciones de intimidación a trabajadores, agresiones verbales a ciudadanos, omisión en investigaciones solicitadas y posible participación en procesos de adquisiciones y licitaciones con conflictos de interés.
Incluso afirmaron que el funcionario habría participado en la campaña electoral del partido gobernante en el municipio, lo que dijeron representaría un conflicto de intereses.
Denuncian irregularidades en apoyos del DIF
Durante el posicionamiento también se mencionó que un grupo de adultos mayores informó a uno de los regidores que personal del DIF municipal les tomó fotografías con despensas bajo el argumento de que posteriormente recibirían el apoyo; sin embargo, aseguraron que hasta la fecha no les han sido entregadas.
Además, señalaron que algunos trabajadores del sistema DIF presuntamente trasladan esas despensas a sus domicilios particulares.
Regidores denuncian falta de gobernabilidad en el municipio
Finalmente, los integrantes del cabildo afirmaron que en el municipio existe un problema de gobernabilidad debido a la falta de legalidad en el funcionamiento del ayuntamiento.
Indicaron que incluso se les habría retirado el uso de sellos oficiales para impedir que presenten oficios formales de solicitud de información, lo que afirmaron vulnera su derecho de petición.
También señalaron que en el municipio existen 12 direcciones ocupadas por personas que no son originarias de Ajacuba, cuyos salarios promedian alrededor de 33 mil pesos mensuales, lo que representaría un gasto cercano a 4.5 millones de pesos al año.
Los regidores cuestionaron además quiénes son los proveedores del municipio, la calidad de las obras públicas y el destino de los recursos extraordinarios.
“Queremos un municipio con cuentas claras y transparencia. No estamos en contra del desarrollo del municipio, estamos en contra del mal manejo de los recursos”, señalaron.
Puntualizaron, que su objetivo es vigilar el uso adecuado del presupuesto municipal y garantizar que los recursos lleguen a las comunidades que lo necesitan.
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