/https://wp.lajornada-hidalgo.prod.andes.news/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-08-at-4.56.49-PM.jpeg)
La propuesta de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al legislativo federal restaría poder e influencia a las burocracias partidistas locales y también a los Organismos Públicos Locales Electorales, mejor conocidos como OPLES. Aunque también podría implicar un retroceso en el proceso de descentralización de la república.
La iniciativa presidencial, que aún debe pasar por la aduana del Congreso de la Unión, plantea reducir el tamaño de los organismos electorales locales, pero también apunta a adelgazar los congresos estatales y los cabildos en los ayuntamientos.
Aunque no se han dado los detalles sobre la propuesta, pues solamente se expuso una presentación de power point en la mañanera y se explicaron algunas generalidades, la iniciativa advierte que se busca reducir el gasto en los legislativos locales y en el Congreso de la Unión.
Podría deducirse que, al igual que como se plantea reducir el número de curules por la vía de representación proporcional en el Congreso federal, lo mismo pasaría en las legislaturas locales, lo cual tendría que analizarse con cuidado en cada entidad, pues cada una tiene realidades muy distintas.
Por ejemplo, en Hidalgo últimamente las posiciones de representación proporcional han sido ocupadas por los partidos que antes fueron dominantes, principalmente el PRI, que hoy se ha visto reducido a su mínima expresión.
Pero, en otros tiempos, cuando el PRI era el partido hegemónico, incluso se aprovechó de esos espacios de representación proporcional para ampliar más su presencia mayoritaria, fenómeno que se conoció como sobrerrepresentación. Lo importante fue que, eventualmente, esos lugares regresaron a los partidos de oposición, lo cual ayudó a mantener un equilibrio en un estado que era dominado de manera aplastante por el priismo.
Nada queda hoy de ese pasado y la reforma en este 2026 apunta a que los congresos locales cuesten cada vez menos al erario. No se sabe si también se reducirían las posiciones de representación proporcional, pero esa podría ser una salida, con el efecto que tendría eso para los partidos minoritarios.
En el caso de los OPLES, la propuesta plantea eliminar “duplicidades” entre esos organismos y el Instituto Nacional Electoral (INE).
No se sabe qué funciones quedarían en manos de los OPLES, pero especialistas han advertido que restarle atribuciones a esos institutos fomentaría más el centralismo, en detrimento de organismos electorales locales que, pese a sus defectos, han organizado comicios que se han resuelto de manera tersa desde hace décadas.
En el caso de los ayuntamientos, la iniciativa advierte que se reducirá el número de regidores, en función de la población que tenga cada municipio, al tiempo que se establece un tope máximo de 15. Tampoco se saben los detalles de la propuesta, que de inicio parece razonable, teniendo en cuenta que en los cabildos abundan personajes que no aportan y que se han convertido en cuotas para los partidos.
La idea de ahorrar recursos a costa de adelgazar burocracias, tanto en organismos electorales como en los poderes legislativos, no es nueva, pero los riesgos que se han puesto sobre la mesa tienen que ver con revertir un lento proceso de descentralización que no terminó de consolidarse en este siglo XXI.
Regresar al esquema donde desde el centro se queden las funciones más sustantivas en la organización de un proceso electoral debería revisarse con cuidado. Lo mismo que desaparecer espacios en los congresos locales y en los cabildos, espacios donde se toman decisiones que afectan directamente a la ciudadanía.
Ojalá que este esfuerzo por liberar gasto público para mejores destinos, no tenga como efecto colateral un retroceso en materia de federalismo y de toma de decisiones en los estados de la república.