Recuperar Fiscalía para la defensa de activistas y periodistas de Hidalgo, propone diputado
El diputado Roberto Rico Ruiz presentó al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para recuperar la Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y Periodistas, misma que desapareció en octubre del año pasado para ser absorbida por la Subprocuraduría de delitos de género, desaparición de personas e impacto social de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).
El legislador expuso que el objetivo es establecer el medio por el cual se otorgue la debida protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con el que se contribuya a generar mejores condiciones para el ejercicio de su función, tanto en lo individual como en lo colectivo.
Esto, ante actos de estigmatización, intimidación, amenazas, criminalización, acoso, e impunidad en los delitos de que son víctimas los integrantes de estos dos grupos y, que los ha colocado en situación de riesgo como consecuencia de su labor.
El octubre de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el decreto que contiene el Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado en donde establece que la Subprocuraduría de delitos de género, desaparición de personas e impacto social será la encargada de atender los delitos contra la libertad de expresión, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
La propuesta de Rico Ruiz destaca que, con base en datos de la Comisión de Derechos Humanos, son 17 quejas por actos cometidos en agravio de periodistas y cuatro quejas por actos cometidos en agravio de personas defensoras de derechos humanos.
En tanto que la Procuraduría General de Justicia, señala que, del año 2015 a la fecha, se han iniciado siete averiguaciones previas y 60 carpetas de investigación, por hechos perpetrados en agravio de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ello, con un total de tres indagatorias judicializadas.
De aprobarse, el Poder Ejecutivo del Estado tendrá un plazo no mayor a 15 días para realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes y la PGJEH contará con 90 días para realizar las adecuaciones administrativas, orgánicas y estructurales, correspondientes a la operatividad de la Fiscalía Especializada en la Atención de los Delitos Cometidos en contra de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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