Rechazan en Hidalgo reforma que quita responsabilidad al Estado sobre desaparecidos
Familiares de víctimas de desaparición forzada rechazaron la aprobación de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión del dictamen en materia de protección y búsqueda de personas desaparecidas, que pretende agregar el párrafo 10 al artículo 17 constitucional, al considerar que la reforma busca quitar responsabilidades al Estado en la investigación de casos de personas desaparecidas.
Consideraron que el dictamen aprobado el jueves en lo general por la Comisión de Puntos Constitucionales con 27 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones es contrario “a lo que hemos exigido como familiares de personas desaparecidas”.
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La propuesta de adición constitucional textualmente dice: “El Estado protegerá a las personas contra las desapariciones; las buscará bajo hipótesis de vida, sin estar vinculado a la investigación ministerial; preservará su personalidad conforme a la ley y entregará sus restos de forma digna a quien tenga derecho”.
En un oficio redactado y respaldado con firmas, colectivos de Hidalgo y de otras entidades del país que fue entregado a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de San Lázaro, los familiares mostraron su rechazo a la parte que establece que el Estado no estará vinculado a la investigación ministerial.
De acuerdo a los representantes e integrantes del Colectivo Buscando hasta encontrarte AC, de Hidalgo, el “Estado tiene que estar vinculado o tener responsabilidad en las investigaciones ya que en la mayoría de los casos funcionarios de los tres niveles de gobierno están involucrados en las desapariciones y en la obstrucción de sus esclarecimientos”.
La intención de la iniciativa, según el colectivo, busca que el Estado y gobierno federal no asuman ninguna responsabilidad de brindar apoyo a las familias en la búsqueda de desaparecidos y solo busca renegar las indagatorias a los ministerios públicos.
Según la agrupación, en Hidalgo y en otras entidades los ministerios públicos están saturados ya que en promedio cada uno atiende hasta cien casos.
Puntualizó que “para colmo”, en la redacción del dictamen, los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales de no tomaron en cuenta a los familiares de los desaparecidos.
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Para otros grupos que firmaron el oficio, la iniciativa legislativa “lejos de sumar y fortalecer nuestros procesos, vulnera gravemente los derechos de las personas víctimas de desaparición y de las familias que con tanto esfuerzo hemos hemos logrado y que son resultado de nuestra lucha”.
Manifestaron que el pasado 24 de enero, la Comisión de Puntos Constitucionales discutió una iniciativa presentada el año pasado por la diputada Erika del Castillo que le daba rango constitucional a los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.
Aseguraron que la iniciativa de reforma contemplaba diversos elementos y conceptos tales como el derecho de las personas de ser buscadas en caso de ser desaparecidas; aplicación de la hipótesis de búsqueda en vida; obligaciones del estado para la protección de todas las personas contra las desapariciones, derecho a la investigación por desaparición.
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También el derecho a la plena identificación en caso de ser hallado sin vida; a la entrega digna de los restos y a la personalidad jurídica.
No obstante, “en lugar de aprobar en esos términos dicha iniciativa que reconocía la crisis de desapariciones al elevar a rango constitucional la causa de las personas desaparecidas y de sus familiares mostraron su desconocimiento profundo del dolor y la esencia de nuestra lucha al pervertir la propuesta original”.
Por: Juan Ricardo Montoya
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