¿Qué sigue con la Reforma Judicial?
DESDE LO REGIONAL
Nos quedamos con el interés del debate sobre la constitucionalidad de la Reforma Judicial. Cierto, el hubiera no existe, pero de haberse dado seguramente fuera hoy una de las más trascendentales discusiones de nuestro tribunal constitucional. Nos queda el ayuno de los argumentos más calificados sobre un asunto límite para el constitucionalismo mexicano y universal, desarrollado ya en otros países.
Ojalá, meramente como una aproximación académica, las y los ministros presentes en esa memorable sesión compartan sus criterios favorables o en contra, no solo sobre la ponencia de su colega Juan Luis Alcántara Carrrancá, sino acerca del tema de la constitucionalidad misma de las reformas a la Constitución. Serían una aportación muy importante para la doctrina constitucional y el derecho comparado.
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Concluida la etapa litigiosa en sede nacional, ¿cuál es el siguiente episodio de esta inédita historia del derecho constitucional mexicano?. Se advierten varios escenarios, algunos evidentes:
Mañana mismo se realizará en Washington la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a la reforma judicial mexicana, con la cual iniciará el procedimiento relativo a la demanda presentada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C, y veintinueve organizaciones civiles más, contra el Estado mexicano. Sin duda otro punto de tensión en nuestra pertenencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando está anunciado el incumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana referente a la prisión preventiva.
En el espacio nacional la atención está en la elección de juzgadoras y juzgadores federales del próximo año, donde la responsabilidad principal, después de la selección de candidaturas en cada uno de los poderes de la Federación, está en el Instituto Nacional Electoral.
Primer diferendo sobre la mesa: el monto de los recursos destinados en el Proyecto de Presupuesto de la Federación para ese proceso electoral, después de la propuesta del INE calificada de excesiva por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las entidades federativas han empezado a aprobar la adecuación de sus normas conforme lo mandata el régimen transitorio de la reforma constitucional. Michoacán, casi de inmediato, y Campeche hace unos días, legislaron ya para cumplir la obligación local de modificar a sus respectivos poderes judiciales.
Sin tirar del todo la mirada hacia el futuro, la academia ha empezado a vislumbrar el horizonte del derecho constitucional nacional. Desde el reciente Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, convocado y organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, desarrollado el próximo pasado agosto, empezaron a adelantarse planteamientos acerca de las repercusiones de la – entonces todavía en proceso de revisión judicial – reforma constitucional.
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Un ejercicio interesante fue el organizado por el capítulo México de The International Society of Public Law, cuya VIII Conferencia Anual la dedicó al análisis de las reformas constitucionales. En su primera jornada, desarrollada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se esbozaron los cambios inminentes.
Entre otras, la apreciación de Roberto Niembro, de la nueva generación de constitucionalistas, fue el advenimiento de la nueva época judicial con otra interpretación de los derechos humanos, ahora en un sentido nacionalista, la eliminación de los precedentes interpretativos construidos desde 2011, y una nueva figura del juez/a constitucional.
