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La violencia vicaria, una de las formas más crueles de la violencia de género, ha marcado la vida de Verónica Jetssin Domínguez Ortiz, una madre en Tulancingo que lucha por recuperar a su hija Romina, de 10 años.
La mujer narra su experiencia con el sistema judicial y la manipulación que ha sufrido por parte de su ex pareja, Luis Armando Hernández Sánchez, un policía de Mineral de la Reforma.
En octubre de 2024 a Verónica se le permitieron visitas supervisadas en el Consejo de Familia en Pachuca, pero su camino ha estado lleno de obstáculos.
“Al principio, el padre de mi hija no la presentaba en las visitas, y cuando finalmente comenzó a convivir conmigo, noté que había un cambio en su comportamiento. La niña empezó a generar un vínculo materno filial conmigo, pero eso no le gustó a su padre”, relata Verónica.
La madre denuncia que, en las visitas, Romina se comporta de manera distante, repitiendo frases como “no me quiero quedar” y respondiendo a la psicóloga “porque no quiero”.
A pesar de que se le otorgaron seis meses de visitas, Verónica, quien tiene varios empleos para cumplir con el pago de pensión, solo pudo convivir adecuadamente con su hija en tres ocasiones.
“El sábado pasado no me dejaron ver a mi hija. Tengo que renovar las visitas”, expresa con angustia.
La situación se complica aún más por el contexto en el que se desarrolla. Verónica señala que su expareja presumía que tenía la ventaja, medios para demostrar infinidad de cosas.
“A ellos les ayuda como policías las pruebas psicológicas porque cada tres meses se les hacen pruebas psicométricas y psicológicas y él alardeaba de que sabía brincar esas pruebas psicológicas, de cómo manipularlas”.
El camino tortuoso de Verónica
La historia de Verónica comenzó hace un año, cuando luego de separarse de su expareja, el padre iba todos los viernes por la menor a la escuela para llevársela a Pachuca -donde el hombre vivía con sus padres- y regresarla el domingo a Tulancingo.
En uno de esos días Verónica no se encontraba en el domicilio, sin esperar el padre se volvió a llevar a la menor cortando toda comunicación con la madre, Verónica, desesperada, acudió a Pachuca en busca de su hija, pero fue denunciada por violencia intrafamiliar.
Incluso, el papá de la menor también sustrajo a un perro de apoyo emocional que Verónica tenía en su casa. “La manipulación de la niña para que declarara en mi contra fue clave en este proceso. Estuve ocho meses sin poder ver a mi hija”, explica.
A pesar de las pruebas psicológicas que demuestran que Romina no presenta signos de violencia, el proceso judicial ha sido lento y frustrante.
“La jueza me otorgó las convivencias en octubre porque yo demostré que no era una persona violenta, que yo no violenté ni maltraté a mi hija como el señor (expareja) dijo en el Ministerio Público”.
El sistema judicial ha sido otro obstáculo. “El juzgado primero de lo familiar en Pachuca tiene un rezago de cuatro meses donde yo no he podido checar mi expediente, he metido promociones donde yo demuestro que el señor miente”.
Verónica denuncia que su expareja ha sobornado a testigos para que declaren en su contra, digan que es una mujer violenta. “Como tienen un rezago, todas esas pruebas están en el expediente y le están dando tiempo a este señor de que lleve un paso adelante”.
“Me tardé seis meses en investigar donde vive mi hija, yo no sabía, metí como prueba el domicilio y con quien vivía porque él se juntó con una señora, y esa mujer es la que se encarga de mi hija. Ahorita ya otra vez se cambiaron de domicilio”.
“Que mi Romina regrese conmigo”, clama Verónica, en su lucha para garantizar su derecho a mantener un vínculo sano y amoroso con su hija.