En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la colectiva Mercadita Las Insurgentas realizó este martes una concentración en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), donde denunciaron que la violencia vicaria y la violencia institucional “han crecido de forma alarmante” sin que exista atención eficaz ni perspectiva de género por parte del Estado.
Con pancartas y consignas como “Vivas se las llevaron, vivas las queremos”, “Los juzgados familiares son la hoguera moderna para las madres” y “Un agresor vicario no es un padre, es un delincuente”, las integrantes reclamaron negligencia de autoridades, omisiones, corrupción y prácticas que, afirmaron, han permitido que agresores continúen en libertad o mantengan contacto con sus víctimas.
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Entre los señalamientos que exhibieron en carteles destacaron críticas directas al funcionario Marco Antonio, director de Agricultura de la Saderh, quien tiene 12 denuncias en su contra, así como peticiones urgentes: basta de custodias para agresores, convivencia forzada con violentadores, deudores alimentarios sin sanción, revictimización, tortura, violencia digital y violencia institucional.
Deciden no marchar el 25N
La colectiva decidió no marchar este 25 de noviembre. En su lugar, dijeron, optaron por una manifestación distinta debido a las vallas instaladas por el gobierno estatal en el centro de Pachuca.
“Con esas vallas nos están negando la escucha y solo reafirmamos que estamos en un estado que violenta a las mujeres, empezando desde el gobierno”, expresaron durante su posicionamiento.
Señalaron que mientras el gobierno declara “cero tolerancia”, prevalece un 99.9 por ciento de impunidad, procesos retrasados en juzgados familiares, audiencias aplazadas y resoluciones que favorecen a agresores aun con perfiles de alto riesgo.
Señalamientos de corrupción y violencia institucional
Las manifestantes denunciaron que jueces, magistrados y ministerios públicos “siguen sin sanción”, y acusaron la existencia de funcionarios que acompañan a agresores en los juzgados para intimidar a las madres que buscan recuperar la custodia de sus hijos.
“Las causas judiciales se vuelven chismes y narrativas de los agresores, nunca las pruebas de mujeres golpeadas, amenazadas o cuyos hijos han sido sustraídos”, indicaron.
Afirmaron que en Hidalgo existen casos donde custodias “se venden” y sentencias “escupen corrupción”, mientras fiscales y jueces sostienen reuniones privadas con agresores que, aseguraron, sobornan o influyen para detener carpetas o modificar resoluciones.
Performance y expresiones artísticas en la protesta
Durante la concentración se realizaron intervenciones artísticas.
La artista visual Maya montó un performance utilizando una tina donde las asistentes escribieron sus exigencias al gobierno: no más violencia digital, no más acoso, infancias libres, “ni una más”.
Otra acción, denominada “Justicia”, de la artista Katia, mostró simbólicamente a “hijas manchadas de sangre por expedientes marcados”, como crítica a la impunidad y a la violencia vicaria.
Asimismo, el performance “Entrelazando historias”, de Alva Rivera, y otras integrantes expusieron sus denuncias.
Agresiones recientes contra integrantes del colectivo
Las integrantes señalaron que continúan siendo objeto de acoso y violencia digital. Una de ellas denunció que han difundido sus datos personales y les toman fotografías durante sus actividades.
Además, expuso públicamente que, si algo le ocurre, responsabiliza a Dr. Leyden y Leydeen Macknuzz AC, nombre con el que según dijo opera una persona señalada de ejercer violencia digital contra ella. La mujer señaló además que enfrenta una carpeta de investigación por extorsión que, afirmó, fue promovida como acto de hostigamiento.
“No somos la violencia, la violencia está contra nosotras”
Las participantes insistieron en que la violencia vicaria en Hidalgo crece sin atención real.
“No salimos a marchar porque no queremos seguir mendigando justicia. La justicia es un derecho constitucional, pero aquí se usa para hacer negocio”, declaró la colectiva.
Acusaron que las instituciones “son generosas con los delincuentes”, mientras madres continúan judicializadas, infancias separadas y agresores aprovechan vacíos legales.
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