Proponen protocolo para la activación de la alerta de género en Hidalgo
La diputada Lisset Marcelino Tovar presentó una iniciativa para la creación de un Protocolo para la activación de la Alerta de Género para el estado, el cual podrá activarse a favor de mujeres, niñas y adolescentes cuando exista un contexto de violencia feminicida o la omisión de autoridades en materia de prevención, atención o sanción.
De acuerdo con la propuesta presentada por la legisladora, se busca garantizar la integridad, libertad y seguridad, así como el acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas en el estado de Hidalgo partiendo del cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades que vulneren sus derechos.
Por ello, plantea que el procedimiento para la emisión de la Alerta de Violencia de Género deberá ser pronto y expedito, atendiendo a la situación de urgencia de los hechos documentados que motiven su solicitud.
En este caso, podrá activarse cuando exista un contexto de violencia feminicida caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas en un territorio determinado.
Cuando existan omisiones documentadas y reiteradas por parte de las autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención, sanción, y acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes, y cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.
La propuesta de la diputada expone que, para cumplir con el objetivo, las autoridades deberán hacer del conocimiento público el motivo de la alerta y la zona territorial que abarque, implementar las acciones y medidas preventivas, correctivas, de atención, de seguridad, de procuración e impartición de justicia, de reparación del daño y legislativas que correspondan.
Además, iniciara su trámite a solicitud de organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, por colectivos o grupos de familiares de víctimas a través de una persona representante, o a petición de la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
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