A las afueras del Palacio de Gobierno, este lunes Neftalí Reyes Bolaños, padre de Ángel Daniel un menor con síndrome de Down que fue víctima de discriminación en 2019 durante clases de natación en el Centro de Alto Rendimiento, hizo un llamado al Congreso de Hidalgo para legislar sobre la idoneidad para ocupar cargos públicos y considerar los antecedentes de violaciones a derechos humanos dentro de esos criterios.
El posicionamiento ocurre luego del nombramiento de Fátima Baños Pérez, extitular del deporte en Hidalgo, como titular del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del estado.
Durante su mensaje, Reyes Bolaños señaló que el caso de su hijo dejó de ser un asunto exclusivamente familiar y se convirtió en un reflejo de fallas estructurales en el sistema institucional. Recordó que la discriminación contra el menor fue reconocida jurídicamente tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el amparo 162/2021, como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la recomendación 81/2020.
“El Estado mexicano ya aceptó que hubo discriminación, violación a derechos humanos y omisión de ajustes razonables. Sin embargo, el problema real es la brecha entre lo que el sistema reconoce en el papel y lo que sucede en la práctica”, expresó.
Explicó que el caso también derivó en un proceso penal expediente 225/2020 en el que se vinculó a funcionarios públicos por discriminación agravada, siendo el primero de este tipo en Hidalgo. No obstante, el proceso concluyó con una salida alterna y suspensión condicionada, lo que implicó el reconocimiento del hecho para evitar llegar a juicio oral.
De acuerdo con el padre del menor, aunque se cumplió lo ordenado por el juez, las víctimas consideraron que no hubo una reparación integral, ya que solicitaban una disculpa pública y capacitación efectiva en derechos humanos. Por ello interpusieron recursos de apelación y amparo.
Además, señaló que recientemente acudió a la Contraloría estatal para conocer el estado de una queja presentada en 2019 ante el órgano interno de control del Instituto Hidalguense del Deporte, donde dijo se le informó que el expediente fue archivado por falta de elementos probatorios, sin que hubiera sido notificado formalmente.
“Eso no es un detalle menor, es una falla en el debido proceso y en la garantía de audiencia”, afirmó.
Señala fallas estructurales
Reyes Bolaños sostuvo que el caso evidencia deficiencias estructurales, entre ellas la realización de nombramientos en cargos de alto nivel sin una revisión previa y exhaustiva de antecedentes, incluso en materia de derechos humanos.
“La idoneidad debe ser previa al nombramiento. No es posible que primero se designe a la persona y después tenga que separarse del cargo para acreditar que puede ocuparlo”, dijo.
También criticó la existencia de mecanismos de control que archivan quejas sin informar a los denunciantes y la ausencia de criterios claros que impidan que personas con violaciones acreditadas a derechos humanos ocupen cargos relacionados con la formación judicial o la ética pública.
Proponen impulsar la “Ley Daniel”
Ante ello, el padre del menor hizo un llamado directo al Congreso local para que aproveche la discusión actual sobre restricciones a personas con antecedentes de violencia de género o deudas alimentarias para ampliar esos criterios e incluir violaciones graves a derechos humanos.
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“Tenemos la oportunidad de sentar un precedente claro: que los antecedentes de violación a derechos humanos formen parte de los criterios de idoneidad para acceder a un cargo público”, afirmó.
Indicó que, de prosperar esta discusión legislativa, podría conocerse como la #LeyDaniel, en referencia al caso de su hijo.
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Finalmente, subrayó que su pronunciamiento no busca centrarse en una persona en particular, sino en impulsar cambios institucionales que eviten que situaciones similares se repitan.
“Esto no es sobre el pasado, es un compromiso con el futuro de la justicia en Hidalgo”, concluyó.
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