Proponen darle autonomía a Tribunal de Justicia Administrativa
El grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso separar al Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado para otorgarle autonomía y garantizar la resolución de sanciones de los servidores públicos por faltas administrativas o actos de corrupción.
El diputado Roberto Rico Ruiz expuso que al brindar la autonomía constitucional se permitirá brindar justicia sin intromisiones imparcial e independiente al momento de imponer las sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares por actos, hechos u omisiones vinculados con faltas administrativas graves.
Con ello, se busca reformar la Constitución Pública del Estado de Hidalgo para que en su artículo 26, se reconozca al Tribunal como organismo autónomo junto con la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo.
De ser aprobado, se añadiría un capítulo cuarto a la Constitución donde queden establecidas las facultades del Tribunal el cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna sin pertenecer a ninguno de los Poderes del Estado.
La iniciativa de reforma establece la integración por cinco magistrados y durarán en el ejercicio de su cargo seis años a partir de su nombramiento, será tarea de ellos nombrar a la persona que estará en el cargo de la presidencia quien durará en su encargo cuatro años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato.
Roberto Rico Ruiz explicó que al lograr esta autonomía se fortalece el sistema de combate a la corrupción y se permite concretar adecuadamente la prevención, investigación y sanción de conductas que constituyan responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de particulares vinculados con las mismas, “lo que cerrará la posibilidad de que la corrupción siga mermando en todos los ámbitos de nuestra sociedad”, concluyó el legislador.
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