Las actas de entrega-recepción durante el proceso de transición de la administración estatal, comienzan a convertirse en un problema y a generar dudas de la capacidad de algunos funcionarios, que resolvieron estos procesos con aparentemente desconocimiento sin que esto los exima de su responsabilidad, un caso concreto y el más reciente, tiene que ver con el sistema integral de nóminas, por el que se pagaron cerca de 12 millones de pesos pero no está en ejecución a pesar de que presuntamente fue entregado.
El expediente 1816-2024 –en poder de este columnista- detalla que, fue Jessica Leticia Ramírez Sánchez responsable del Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor del gobierno estatal, quien inició la denuncia en la Procuraduría de Justicia del Estado el pasado 23 de junio del 2023, en contra del ex oficial Mayor Martiniano. V. O., por el presunto peculado de 11 millones 851 mil pesos, que se pagaron con recursos extraordinarios a la empresa denominada “Soluciones Integrales Rodiba S.A de C.V.”.
De acuerdo con los documentos, la ex secretaria de Finanzas, Jessica Blancas, vía la entonces coordinadora de planeación financiera Verónica. V.B.,hoy también vinculada a proceso por peculado en el caso de la denominada “estafa Siniestra” por 12 millones de pesos que se pagaron a la empresa Aktation para un Sistema Integral de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones, que aparentemente no existe, fueron quienes agilizaron el pago en dos entregas entre el 11 y el 18 de agosto del 2022.
Aparentemente, Soluciones Integrales Rodiba, no entregó el sistema de nómina y recursos humanos, que modernizaría esta operatividad dentro de la burocracia estatal, aunque en la misma carpeta la denunciante establece que, uno de los delitos cometidos por el ex funcionario estatal, fue no darle seguimiento al software adquirido ni a su aplicación.
Sin embargo, la existencia de un acta entrega recepción, en el anexo 18 firmado por la actual directora general de administración del gobierno, Daniela Salinas Rosales, confirma la entrega de los archivos magnéticos entre el 5 y 7 de septiembre del 2022, hecho que había sido avalado por la contralora Nancy Ramírez.
La ejecución aparente de este costoso sistema, se detuvo justamente por el cambio de administración estatal, de acuerdo con lo revelado durante la audiencia inicial de imputación en contra de Martiniano. V.O., pero nada de esto quedo establecido en el expediente que inició la Contraloría del Estado.
Lo anterior demostraría que, o bien hubo omisiones en la revisión durante el acta entrega-recepción en algunas áreas, o falta rigor por parte de los funcionarios que se encargaron de encabezar este proceso, pero hoy ante las investigaciones que han iniciado tanto la Contraloría estatal como la misma Unidad de Alto Impacto de la Procuraduría Estatal, han comenzado a surgir y en todo caso deberá explorarse y sancionarse de ser necesario.
De mi tintero…El caso de Mariana. L.M., ex regidora de Tizayuca vinculada por el presunto delito de extorsión, deja muchas dudas de la actuación de la jueza del fuero común de ese municipio Juana García Amador, quien habría violado la ley de amparo al pasar por alto la medida de protección que había impuesto la justicia federal a favor de la también excandidata a la alcaldía de ese lugar por el PT, este caso bien podría servir para ejemplificar lo que pasará con la Reforma Judicial, donde simplemente lo que menos habrá será justicia y sí aplicación de ley por consigna… Una denuncia más por incumplimiento del deber acumula el alcalde de Chapantongo Eligio Figueroa Chávez, y la sindica propietaria Sayli Ecaterina Caballero, por negarse a pagar 7 millones de pesos de un laudo dictado a favor de 6 trabajadores, un desacato más a la ley y el titular de la Secretaría del Trabajo, Oscar Javier González parece más preocupado por festejos, brindis y capacitaciones…
