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El Ayuntamiento de Pachuca mantiene una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con un despacho de abogados que fue contratado durante la administración del exalcalde Sergio Baños Rubio, además de posibles responsabilidades de exservidores públicos que participaron en el manejo de asuntos jurídicos del municipio.
El secretario general del Ayuntamiento, Eduardo Trejo Lino, informó que actualmente se encuentran en integración alrededor de 24 carpetas de investigación, de las cuales 19 corresponden específicamente al incumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas.
Aclaró que no todas las denuncias están dirigidas contra los abogados que llevaron la defensa legal del exalcalde, pues las investigaciones abarcan diferentes procedimientos y servidores públicos que pudieron intervenir en decisiones relacionadas con asuntos jurídicos y administrativos.
No obstante, explicó que uno de los casos corresponde a un despacho externo que habría tenido bajo su control expedientes de la administración pública municipal sin que existiera un vínculo contractual que justificara que estuviera operando dichos asuntos.
Ante esta situación, el Ayuntamiento integró la documentación correspondiente y presentó los hechos ante las autoridades competentes para que se determine quién o quiénes pudieron haber incurrido en alguna responsabilidad.
Trejo Lino explicó que la posible responsabilidad no necesariamente recaería únicamente en los abogados externos, pues para el manejo de un procedimiento jurídico intervienen distintos servidores públicos y áreas de la administración.
Posibles delitos
El secretario general indicó que en las carpetas de investigación el Ayuntamiento señala los hechos y proporciona los elementos de prueba con los que cuenta, mientras que corresponde al Ministerio Público determinar si existe responsabilidad penal.
Entre las conductas que el municipio considera que podrían configurarse se encuentran abuso de atribuciones y facultades, incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público, aunque será la autoridad ministerial la que determine los delitos que correspondan.
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Trejo Lino puntualizó que el Ayuntamiento ya realizó la integración de los expedientes y estableció quiénes podrían haber participado en los hechos, pero será la autoridad investigadora la encargada de determinar las responsabilidades.
Exservidores también son investigados
El funcionario enfatizó que las investigaciones no se concentran exclusivamente en los abogados que participaron en los procedimientos legales.
Explicó que para liberar y ejecutar un pago derivado de una resolución judicial intervienen distintas áreas, como Tesorería, las dependencias donde laboraban los trabajadores involucrados e incluso organismos municipales.
Por ello, conforme avancen las investigaciones podrían establecerse responsabilidades para otros exservidores públicos que hayan participado en el proceso.
“Todo un proceso para liberar los pagos o para hacer los pagos pasa por Tesorería, pasa a veces por el mismo titular o, dependiendo de dónde era la persona trabajadora, también por el área correspondiente o pueden ser institutos”, explicó.
Trejo Lino señaló que los posibles actos irregulares no necesariamente tienen únicamente una consecuencia penal, pues una misma conducta puede constituir también una falta administrativa.
Por ello, el Ayuntamiento informa tanto a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo como al órgano interno de control para que cada instancia actúe conforme a sus atribuciones.
Respecto al avance de las carpetas, reconoció que algunas llevan varios meses e incluso alrededor de un año sin judicializarse, aunque sostuvo que, desde su perspectiva, la Procuraduría ha dado seguimiento a los casos.
Explicó que los tiempos de las investigaciones también dependen de la carga de trabajo de la autoridad ministerial, así como de la documentación adicional que pueda requerirse durante la integración de los expedientes.
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crs
