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La autoridad electoral de Hidalgo aprobó una medida que impactará directamente las prerrogativas mensuales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, luego de una resolución emitida por el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado.
La determinación fue avalada durante una sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), en cumplimiento de una sentencia relacionada con un conflicto laboral que ya cuenta con resolución firme.
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Una resolución judicial obliga al descuento de recursos
El acuerdo aprobado por el órgano electoral establece la retención de 85 mil 116 pesos con 60 centavos de las prerrogativas que recibe mensualmente el PRI Hidalgo.
La medida responde al cumplimiento de un laudo laboral derivado del expediente 1522/2023, emitido por el Tribunal Laboral estatal, que ordenó ejecutar el pago correspondiente mediante el embargo de una parte de los recursos públicos asignados al instituto político.
De acuerdo con el IEEH, la acción se realiza en estricto apego a una instrucción judicial que debe ser atendida por las autoridades electorales.
Revisaron finanzas para evitar afectaciones al personal
Antes de ejecutar la medida, el Instituto Estatal Electoral solicitó información financiera relacionada con el partido político a través de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
La finalidad fue verificar que la retención de recursos no comprometiera el pago de salarios y obligaciones laborales del personal que trabaja para el PRI en Hidalgo.
Con esta revisión, la autoridad electoral buscó garantizar que el cumplimiento de la sentencia no generara afectaciones adicionales a trabajadores vinculados con el partido.
¿Por qué pueden embargarse las prerrogativas de un partido?
El acuerdo aprobado señala que existen criterios jurídicos emitidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por autoridades electorales federales que permiten el embargo de prerrogativas partidistas cuando se trata de garantizar derechos laborales reconocidos mediante resoluciones firmes.
En ese sentido, el IEEH recordó que las prerrogativas públicas pueden ser sujetas a medidas de ejecución judicial siempre que exista una sentencia definitiva que así lo ordene.
El IEEH destaca obligación de cumplir resoluciones
Durante la sesión, se reiteró que las autoridades electorales tienen la obligación legal de acatar las resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales competentes.
Por ello, la retención aprobada forma parte de las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia laboral y garantizar el acceso efectivo a los derechos reconocidos por la autoridad judicial.
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