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El problema no es que sean iguales, sino que admitieron a los que eran peores en el pasado y hoy, sus prácticas les han generado señalamientos de irregularidades, conflictos de intereses y acusaciones de aprovechamientos de contratos, como ocurrió con el exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Crespo Arroyo actual diputado federal morenista.
La defensa que emprendió el legislador para tratar de legitimar lo que moralmente es imposible, resultó ofensivo a la inteligencia, pues está claro que, legalmente no puede establecerse el conflicto de intereses, ni tampoco ilegalidad por el influyentismo en el contrato que otorgó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) CO-PVB-095-2025 por 993.9 millones de pesos a la empresa Agricresa S.A de C.V. de sus hermanos Arturo y Gibrán Crespo Arroyo.
Sin embargo, de lo que sí existe rastro, documentos y contratos, es lo que ha obtenido Agricresa en los últimos 10 años y que todo se relaciona con el gobierno y dependencias públicas a partir de la relación política del diputado con las esferas del poder.
Por ejemplo, su principal época de bonanza la vivieron cuando justamente asumió la dirigencia priista y ocupó diferentes encargos en la administración del exgobernador Francisco Olvera Ruiz, según contratos de transparencia, Agricresa fue entre las 10 empresas consentidas de ese entonces para construir viviendas.
Además de 13 contratos por 97 millones de pesos en el gobierno estatal, también fueron beneficiados de los fondos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, vía la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), en ese entonces a cargo de Oralia Vega, hoy directora de la Junta Local de Asistencia, para construir pies de casa en zonas indígenas.
En la capital del estado, obtuvieron del ayuntamiento capitalino en ese entonces a manos del priista Eleazar García Sánchez, 19 licencias de construcción en sólo un año, con números consecutivos desde el 6958 hasta el 7071, todo para construir desarrollos relacionados con la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI).
Lejos de los beneficios como contratistas del gobierno, mientras Ricardo Crespo ocupaba cargos en el PRI o en dependencias públicas, Agricresa no tiene reputación alguna como contratista particular, ni como una empresa competidora en el mercado de la construcción, influyente en el mercado que demuestre que, la solidez profesional o capacidad de los hermanos Crespo Arroyo les haya permitido tener trabajo por si solos.
Dicho de otra manera, la empresa de acuerdo con los señalamientos de quienes han estado en el círculo cercano del diputado federal morenista, tiene contratos por la influencia política del hermano mayor, no por ser una prestigiada empresa privada y hoy paradójicamente, después de años de sequía obtuvieron uno millonario en el Infonavit, en el que las autoridades estatales aseguran no haber metido las manos, pero que tampoco desconocían.
El contrato puede ser legal, pero no es legítimo ni moral, como tampoco el que los morenistas hablen de no ser iguales, cuando tienen entre sus filas a lo peor de los del pasado.
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De mi tintero… Por cierto, ya que el tema de los trenes está en la agenda nacional, por el accidente ocurrido y los señalamientos contra empresas por presunta corrupción, fue publicado en el diario Oficial de la Federación, el decreto para expropiar más de 218 mil metros cuadrados en 6 municipios de Hidalgo y dos del estado de México, para construir el tren interurbano que conectará al AIFA con la capital del estado, pero en el camino ya se presentaron irregularidades y abusos de acuerdo con los dueños de los predios, así que, se avizoran algunos conflictos….Esta columna es la última del 2025 y agradezco la atención de lectores, de los involucrados y de los directivos de la Jornada Hidalgo por la confianza siempre y el respaldo en todo momento, regresamos en el 2026 soportando nuestro trabajo en el rigor, la crítica sustentada y la aportación que hace el trabajo periodístico.
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