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En política nada está escrito y, si lo está, se cambia, se redacta de otra forma o de plano se borra, así sea la mismísima Constitución.
Sucede en el adelantado proceso de sucesión en Hidalgo, inédito, consecuencia de la retardada alternancia consumada hace tres años, en condiciones aún de secuelas naturales en un cambio sin precedente, donde la tradicional y otrora exitosa clase política hidalguense quedó fragmentada y algunas de sus partes sin rumbo aparente.
Hay en la actualidad estatal cuando menos tres elementos evidentes: un gobierno con proyecto y presencia en todo el territorio; un Congreso mayoritario de igual signo partidario, respetabilidad nacional y apoyo federal; retos previsibles como el aumento de la criminalidad y la reforma judicial, y otros eventuales, como los efectos sociales y económicos de la crisis migratoria y los desastres naturales, por ejemplo.
Otro elemento es la fortaleza en construcción del partido mayoritario, dependiente de intereses nacionales, locales y regionales, reflejada en la baja calidad de algunos ayuntamientos de su color, entre ellos los más importantes de la entidad y, por ello, más visibles. Se suman la ausencia de proyecto de la oposición ante las próximas elecciones y nuevos equilibrios de otros factores de poder.
Uno más son las novedosas formas de hacer política: abiertas, sin discursos ambiguos. Las críticas se expresan, quien aspira lo acepta, el tablero político se mueve a la velocidad de las comunicaciones; acciones y reacciones se suceden rápidamente, sin ambages. Son cotidianeidad democrática: tienen riesgos, generan incomodidad, pero a nadie espantan.
En ese contexto, la lucha por el poder provocó un choque de derechos y anima un debate importante, deseable en una sociedad cauta —por no decir indiferente— ante conflictos naturales en democracia.
El tema, actual en otras entidades federativas —lo cual es sano en un sistema federal tan demeritado como el mexicano— por razones diferentes, ha sido identificado como “ley esposa”, dado su objetivo de sucesión del gobernador a su cónyuge. Aquí, en cambio, lo originó la aplicación de un artículo constitucional transitorio cuyo propósito fue únicamente el empate de elecciones.
Su inminente aplicación, generadora de un gobierno de dos años, coincide con el principio de equidad de género. Es el punto de partida de la discusión. Se aduce discriminación femenina por la reducida temporalidad y, de ello, la propuesta de aumento a cinco años; además, se le privilegia como vía para la llegada de una mujer al gobierno.
En otro sentido van los argumentos de violación a derechos de los varones con tal modificación excluyente, si se trata de una norma cuyo origen no es la inclusión, sino el calendario electoral.
Contagiado de la precipitación legislativa del Congreso de la Unión, el de Hidalgo apresuró la reforma, no obstante la opinión relacionada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pareciera, desde la autoría de la iniciativa, una ausencia de rigor jurídico y sensibilidad política respecto del ambiente nacional.
Solo el conocimiento jurídico, la experiencia legislativa y el olfato político del gobernador Julio Menchaca influyeron en su pausa, con la sugerencia de valorar una posible inconstitucionalidad. Impecable.
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El lance ofrece la oportunidad de avanzar en los derechos políticos de las mujeres, superando las fórmulas legales como vía para su arribo a las más altas posiciones políticas. Ganada la Presidencia de la República por una mujer, sin disposición constitucional obligatoria, es tiempo de reconocerles preparación y compromiso para competir, ganar y gobernar.
Sostener jurídicamente la superioridad masculina niega la capacidad femenina y la madurez ciudadana para decidir. Al cierre de 2025, las cartas están abiertas y nada hay escrito.
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