Un laudo firme, más de 6 mdp y una negativa oficial que podría salir más cara

Municipio de Zapotlán acumula adeudo millonario por laudo laboral

Un laudo laboral en Zapotlán obliga al municipio a reinstalar a 27 ex trabajadores y pagar más de 6 millones de pesos acumulados.

Febrero 8, 2026

Un grupo de 27 ex trabajadores del Ayuntamiento de Zapotlán enfrenta desde hace más de cuatro años un proceso legal derivado de su despido injustificado, ocurrido en diciembre de 2020, y aunque ya cuentan con un laudo firme a su favor, el municipio se ha negado a cumplir con la resolución emitida por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo.

Así lo dio a conocer el licenciado Marcelino Pérez Arenas, apoderado legal de los trabajadores, quien explicó que el conflicto se originó durante la administración municipal de 2020, cuando los empleados fueron separados de sus cargos bajo el argumento de que no contaban con estabilidad laboral y que sus plazas serían ocupadas por nuevo personal, una justificación que subrayó no tiene sustento legal.

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Ante esta situación, los trabajadores interpusieron una demanda laboral burocrática en 2021. Tras agotarse todas las etapas procesales, el 10 de mayo de 2024 el Tribunal de Arbitraje emitió un laudo condenatorio en contra del municipio, ordenando dos puntos principales: El primero la reinstalación inmediata de los trabajadores en los mismos puestos, términos y condiciones que tenían antes del despido.
El segundo el pago de salarios caídos y prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo de separación injustificada.

Pérez Arenas detalló que el municipio intentó impugnar la resolución mediante un amparo directo; sin embargo, este fue desechado por un tribunal federal al haberse presentado fuera de tiempo, por lo que el laudo quedó firme.

Negativa de reinstalación y posible aumento del adeudo

En abril de 2025 inició formalmente la etapa de ejecución del laudo. No obstante, en agosto del mismo año, al constituirse en la presidencia municipal junto con un actuario del tribunal, las autoridades locales a través del síndico municipal se negaron de manera tajante a reinstalar a los trabajadores y a realizar el pago correspondiente, argumentando supuestos ajustes presupuestales y la supresión de plazas.

Esta negativa, explicó el abogado, genera consecuencias jurídicas adicionales, como indemnizaciones extras, que incrementan el monto originalmente condenado.

Hasta agosto de 2025, el adeudo requerido al municipio ascendía a poco más de 6 millones de pesos, cifra que deberá actualizarse y que podría aumentar una vez que el Tribunal de Arbitraje aperture el incidente de liquidación para determinar el monto final.

Amparos, audiencias y posible desacato

Actualmente, el municipio promovió un amparo indirecto para evitar un eventual embargo de cuentas públicas, recurso que aún se encuentra pendiente de resolución. Paralelamente, solicitó ante el Tribunal de Arbitraje la apertura de un incidente de “no acatamiento de laudo”, reconociendo expresamente su negativa a cumplir la sentencia.

Las partes fueron citadas a una audiencia el próximo 2 de marzo, en la que se analizarán estas circunstancias y se definirá el siguiente paso procesal.

Buscan diálogo, pero no descartan acciones penales

Pérez Arenas afirmó que los trabajadores han mantenido una postura institucional y han buscado mesas de diálogo con las autoridades municipales para llegar a un convenio; sin embargo, hasta ahora solo han tenido acercamientos con el síndico, sin lograr avances concretos ni diálogo directo con la alcaldesa.

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Recordó que, en una sesión de Cabildo, la presidenta municipal Cynthia Arellano Martínez, señaló públicamente que no se violentarían los derechos laborales y que el municipio contaba con previsiones presupuestales para cumplir con sus obligaciones legales, lo que abre la expectativa de que el pago esté contemplado.

No obstante, advirtió que, de persistir la negativa y si los recursos legales se utilizan únicamente para dilatar el proceso, no se descarta iniciar procedimientos por desacato, tanto en instancias locales como federales, ante juzgados de distrito.

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