La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano demandó la deportación de dos agentes de la CIA relacionados con un operativo en Chihuahua para desmantelar un narcolaboratorio, pues no contaban con autorización para llevar a cabo actividades de inteligencia en territorio nacional.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que ambos elementos salieron de territorio mexicano tras una comunicación con la embajada de Estados Unidos, que encabeza Ronald Johnson.
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“Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota, y se retiraron”, indicó Sheinbaum al explicar la decisión en un caso que elevó la tensión bilateral por la presencia de agentes extranjeros en acciones de campo sin autorización federal.
Precisó que, de acuerdo con la información pública disponible, cuatro agentes participaron en estas acciones. Dos fallecieron el pasado 19 de abril, y los otros dos salieron del país tras la petición formal de las autoridades mexicanas.
Sheinbaum aclaró que los agentes estadounidenses ingresaron de manera legal, ya fuera con pasaporte diplomático o como turistas, pero subrayó que no cumplieron con el protocolo obligatorio para desarrollar actividades de investigación.
“Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un procedimiento, un protocolo, para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad, se apruebe su licencia”, sostuvo.
La presidenta indicó que las autoridades mexicanas solicitaron a los agentes regularizar su situación o abandonar el territorio nacional. Después de conversaciones entre la embajada estadounidense y la Secretaría de Relaciones Exteriores, “tomaron la decisión de mejor retirarse del país”.
“Ellos entran legalmente a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia”, afirmó Sheinbaum, quien insistió en que cualquier operación de este tipo requiere autorización oficial.
El tema ha desatado una crisis política y diplomática entre México y Estados Unidos. Sheinbaum ha insistido en que el caso representa un asunto de “seguridad nacional y soberanía”, al puntualizar que ninguna agencia extranjera puede participar en operaciones de campo sin autorización del gobierno federal.
Además, puso bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora Maru Campos, en Chihuahua, y busca determinar si conocía, permitió o coordinó la presencia de la CIA en territorio nacional.
Maru Campos comparece para como parecer
Ayer, la mandataria panista acudió ante la FGR en la Ciudad de México, aunque estaba citada en Ciudad Juárez, acompañada de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional.
Mediante un escrito, Maru Campos rechazó comparecer en calidad de testigo y sostuvo que el citatorio en su contra carece de sustento, pues aseguró que el requerimiento no precisa con claridad el carácter en el que fue citada.
“Una citación que invoca a la vez el régimen del testigo y el del imputado, y que omite precisar su objeto, coloca a la compareciente en riesgo de una diligencia materialmente preimputativa”, afirmó.
Invocó el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 111 de la Constitución para sostener que, debido a su investidura como gobernadora, cuenta con una excepción respecto a la obligación de comparecer personalmente.
Campos Galván también manifestó disposición para colaborar con las autoridades federales, aunque insistió en que cualquier diligencia deberá ajustarse a los principios de legalidad y certeza jurídica.
Por: Mauricio Bautista
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