Mayer y la trampa del punitivismo

Como si no fuera suficiente la falta de compromiso y respeto con sus votantes del diputado Sergio Mayer, ahora decidió causar polémica y ganar titulares mediante el impulso de una reforma punitivista que da en el clavo de heridas sociales profundas: la violencia y la impunidad.

Justificando la propuesta en casos dolorosos como el de Valentina Gilabert, Leyla Montserrat, el asesinato del taxista de Mexicali a manos de tres adolescentes, la violación de una niña de diez años por un adolescente en Zacatecas y el asesinato de las maestras en Oaxaca y Michoacán, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley General de Salud y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes para, supuestamente, atender los orígenes de la violencia —que para Mayer parecen ser las redes sociales— y endurecer el acceso a medidas cautelares y las penas cuando la niñez o la adolescencia cometa un delito de alto impacto.

La justificación de las penas, según él, busca dar justicia a las familias de las víctimas, pues sostiene que las sanciones actuales dejan impunes estos delitos por ser demasiado cortas o poco efectivas.

Varias personas, incluidas abogadas, han celebrado la propuesta. Incluso sin tener experiencia en el litigio ni en el acompañamiento a esta población, se han atrevido a mencionar que es necesaria esta reforma por la falla absoluta del sistema, alentando la apuesta punitivista como solución a este problema social.

Aquí he escrito en múltiples ocasiones que cada vez que las personas legisladoras y los Poderes Ejecutivos proponen como solución la creación de delitos, el aumento de penas de prisión o el incremento del catálogo de prisión preventiva oficiosa, no es una victoria. En realidad, están reconociendo que fallaron en su deber de prevención, su falta de creatividad política y su falta de compromiso para generar un ambiente libre de violencia. No sobra decir que los equipos de comunicación política han entendido que lo que genera atención mediática son las propuestas enfocadas en la materia penal.

El Sistema de Justicia para Adolescentes es uno de los más nobles que tenemos en nuestro país. Se creó pensando en que la niñez y la adolescencia no pueden condenar su vida por situaciones que no son capaces de comprender en su totalidad y porque han aprendido conductas dentro de una sociedad sumamente violenta, con múltiples carencias de salud, de cuidados y de afecto.

Esta reforma, más que traer justicia y generar prevención del delito a través del temor penal, aumentará la criminalización de adolescentes vulnerables, racializados, empobrecidos y migrantes, entre otros.

Además, es probable que quienes son responsables del descuido de esta población ni siquiera tengan que rendir cuentas por estos hechos, porque se sabe que el acceso a una defensa privada adecuada es la diferencia entre que alguien reciba una condena o no.

Si realmente queremos prevenir estos hechos, tenemos que trabajar en políticas públicas que atiendan problemas sistémicos —que no solo abarcan el acceso a la educación o a la salud— y que se centren en el cuidado.

Entiendo el dolor de las víctimas directas e indirectas de estos hechos. Por supuesto que merecen justicia y también entiendo por qué buscan respuestas en el derecho penal, particularmente porque el Estado y la sociedad jamás han dado otras opciones; pero esta propuesta lo único que hace es jugar con ese dolor.

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