LOS CAMINOS TORCIDOS DE LA JUSTICIA
DESDE LO REGIONAL
En mayo de 2022 José Ramón Cossío ingresó, como miembro correspondiente en la Ciudad de México, a la Academia Mexicana de la Historia. Su discurso recepcional se refirió a un hecho histórico prácticamente desconocido a pesar de su temporalidad en los años setentas del siglo pasado, y las eventuales consecuencias.
Fue un posible atentado contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en febrero de 1970, cercano el final de su gobierno, por diversas circunstancias no consumado, reducido a un disparo sobre el automóvil del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, sin mayor consecuencia.
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El absoluto control de la situación desde las instancias gubernamentales impidió su difusión a través de los medios, quedando al conocimiento del círculo más cercano al despacho presidencial, donde también se decidió su tratamiento.
Ahora el ministro en retiro nos entrega Que nunca se sepa (Debate, 2023) el estudio completo del caso de Carlos Castañeda de la Fuente, cuya trascendencia no está en el hecho mismo, sino en la exhibición de la torcida ruta por donde la autoridad lo condujo para resolverlo sin afectaciones al gobierno ni al sistema político- presidencialista.
El objetivo del autor es mostrar, a través de un estudio de caso, las perversiones de nuestro sistema de justicia. Por eso, en el prólogo, Pablo Mijangos apunta: “En realidad, este es un libro sobre el mal funcionamiento del orden jurídico mexicano, o, mejor dicho, sobre su instrumentalización abusiva por parte del poder público.”
Y acertadamente dice: “nos advierte de la necesidad de reflexionar acerca de las fragilidades de nuestra cultura jurídica: en lugar de refugiarnos cómodamente en un culto ingenuo a la legalidad (“la ley es la ley”) debemos preguntarnos primero por qué ha fracasado la construcción de un verdadero Estado de Derecho en México, como requisito indispensable para diseñar un proyecto de justicia al alcance de todos.”
En el estudio, Cossío describe la trayectoria iniciada con la personalidad y antecedentes del presunto victimario, la situación nacional del momento, el análisis de las escasas actuaciones documentadas, las participaciones menguadas del Ministerio Público, apresuradas del Poder Judicial, la Dirección Federal de Seguridad, las autoridades de salud y, en el tramo final, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Y a lo largo de casi un cuarto de siglo, hasta la muerte del victimario-víctima, la presencia invisible del poder decisorio para resolver el problema de la manera escogida: un uso intencionado y, recalca el autor, no jurídico del derecho para borrar la acción y “desaparecer” al posible responsable.
De ahí la afirmación del jurista: “A diferencia de otro procesos estatales o sociales, los vinculados con el derecho permiten constataciones entre lo que debió suceder y lo efectivamente sucedido y, desde ahí, insisto, la precisión de los porqués y tal vez de los cómos.
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El caso Castañeda, concluye Cossío, “es el entendimiento que desde el régimen se le daba al derecho. No un marco definido de reglas a acatar, sino un instrumento utilizable para dar sentido normativo a decisiones ajenas a su naturaleza. Una posibilidad abierta para formalizar, de modo legitimado, lo que ya antes se había determinado. El quebrantamiento de la proclamada y admitida racionalidad autoreferente para insertarle contenidos ajenos pero jurídicamente formalizados.”
¿Permanecerá aquel entendimiento corruptor de la justicia, en la jurisdicción federal? ¿Alcanzó y también contamina a las entidades federativas?
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