Ley de Comunicación, otra ocurrencia de la 4T

Andrés Manuel López Obrador se quedó con las ganas de institucionalizar un nuevo golpe contra la libertad de expresión y contra la autonomía de las entidades, los municipios y la prensa mexicana, esa, a la que no soporta cuando es crítica pero a la que palmea en la espalda y apapacha cuando lo llenan de elogios y conductas zalameras.

El pasado 25 de abril, previo al triste y circense espectáculo de algunos de sus integrantes, el Senado de la República desechó la polémica reforma a la Ley de Comunicación Social, esa que se gestó desde Palacio Nacional más como un acto dictatorial que como una medida sugerida por la razón.

Para darle legitimidad y empujar esta reforma que desde el inicio encontró el rechazo de alcaldes, partidos políticos y medios de comunicación en gran parte del país, el presidente echó mano de sus serviles y aduladores seguidores, entre ellos diputados y senadores que promovían la idea de que esta reforma solo afectaba a los medios de comunicación.

Pero no, esta reforma a la Ley de Comunicación iba más allá de un simple castigo para dinamitar los ingresos económicos de la prensa, representaba un duro golpe a la autonomía de los municipios y estados, pues de haberse aprobado, los alcaldes y gobernadores habrían sido condenados a no mover un solo dedo en cuestiones publicitarias ni mediáticas sin pedirle permiso a la Secretaría de Gobernación previo a un engorroso y burocrático trámite a través de plataformas digitales.

La reacción quedó advertida en la cascada de amparos que vinieron en gran parte del país tanto de municipios como de algunos medios y López Obrador se quedó con las ganas de ahorcar por la vía legal a la industria de la comunicación, de la que forman parte aquellos que no han desvirtuado su objetivo original de ser el contrapeso del poder.

Pero eso no le gusta a López Obrador, tener contrapesos que lo contradigan y dejen en evidencia su falaz lucha contra la corrupción, por eso sus constantes ataques contra los periodistas, por eso su pretensión de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues son estos los responsables de que hoy conozcamos claros ejemplos de la corrupción en el gobierno de la 4T:

Las transas en la CONADE; los millonarios contratos de Pemex a Felipa (prima de Andrés Manuel); el caso de Segalmex, la Casa Gris en Houston de José Ramón López; los sobres de dinero a Pío López Obrador; los millonarios contratos del IMSS al hijo de Manuel Bartlett, entre otros.

López Obrador no ha entendido que los medios de comunicación (y muchos otros sectores más a los que no se cansa de atacar) no son sus enemigos, y que su gobierno no necesita que ningún periodista ni ningún ciudadano lo denoste, pues él ha sido el único responsable de sus erráticas decisiones y de su doble discurso por más que insista en su burlesca y grotesca política de los “otros datos”.

@AlexGalvezQ