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El pasado lunes se llevó acabo la tercera edición de las Jornadas por la Paz y el Bienestar del Pueblo en Mineral de la Reforma. Este ejercicio convocado por el Poder Ejecutivo, buscar acercar a la población con los tres órdenes de gobiernos.
Esta Jornada se centró en temas de violencia de género. Algunas mujeres compartieron sus experiencias en la búsqueda de justicia, demostrando, una vez más que el personal que está ateniendo estos asuntos en las Fiscalías y Juzgados siguen teniendo deficiencias enormes en su actuación y que estas fallas, en muchos casos, pueden poner en riesgo la integridad de las personas. Aun con eso de frente el Secretario de Gobierno insistió que todos estos casos tienen que denunciarse ante la Fiscalía para que se proceda a la investigación. No estoy diciendo que las personas no debamos denunciar, si es lo que nos parece adecuado, pero pareciera que a las autoridades les sigue sin quedar claro porqué las personas no denuncian y no, no es solo porque los Juzgados tengan un rezago en atender los casos, sino porque el trayecto para buscar justicia es revictimizante, costoso, desmoralizante y en muchas ocasiones el resultado no trae la “reparación” que las personas buscan.
Celebro los ejercicios que tratan de romper las distancias entre las autoridades y la ciudadanía, ninguna democracia puede lograr sus objetivos si se continúa creando abismos de poder. De hecho, considero que las Jornadas por la Paz no deberían realizarse solo a solicitud de los municipios, tendría que ser un ejercicio que llegue a todos los rincones del Estado.
Pero también espero que estos espacios lleven a una reflexión más amplia dentro de los tres poderes que el lunes refrendaron su compromiso con la erradicación de la violencia de género y no se quede en solo solucionar aquellas situaciones que tuvieron la suerte de ser escuchadas en el espacio, porque si es así claro que no habrá tiempo y espacio suficiente para atender este complejo entramado de violencia.
El 31 de diciembre se cumplieron 18 años de la emisión de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres para el Estado de Hidalgo, y los resultados de estas jornadas tendrían que voltear a ver si las políticas públicas que han emanado de esta ley han cumplido con sus objetivos en la disminución de violencia o más bien es hora de empezar a replantear el rumbo y consideró que no hay un mejor momento para abordarlo que este, en el cual parece que los tres niveles de gobierno, al menos en Hidalgo, tienen la franca intención de hacer una política transformadora.
Las expectativas son amplias, el problema enorme y, pero las personas que están siendo afectadas exigen soluciones que no impliquen poner en riesgo su vida o integridad.