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La cadena de presuntas irregularidades van desde privaciones de la libertad, amenazas hasta la grave fabricación de delitos, nada que hasta ahora, no se conozca de la Agencia de Investigación Criminal en el estado, y que en años se ha convertido en una práctica cotidiana sin castigo a los directivos y primer comandante señalados como supuestos responsables, sólo qué ahora el problema podría llegar hasta el consulado mexicano en los Estados Unidos, lo que evidentemente si es un grave problema.
Los antecedentes datan del año pasado, cuando el presidente de la Organización de Miguel Estrada Martínez, comenzó a señalar los abusos e ilegalidades del primer comandante Víctor Hugo Carrera Martínez, a quien exhibió en mensajes de texto y grabaciones cuando extorsionaban junto con dos agentes a un mecánico a quien le pidieron dinero a cambio de liberar un vehículo. Los policías fueron cesados y procesados, pero el jefe no.
Desde entonces, el líder migrante documentó los aparentes excesos de Carrera Martínez y en un extenso documento de tres hojas, en poder de este columnista, 27 peritos, agentes, comandantes y jefes de grupos, detallan las irregularidades cometidas, la alteración de pruebas, testimonios, declaraciones, privaciones de libertad y acoso laboral y psicológico.
El documento fue recibido en el despacho del gobernador Julio Menchaca, el pasado mes de enero, en el que se pusieron a disposición nombres y números de teléfonos de los integrantes de la Agencia de Investigación y la división Criminal, para ratificar todas y cada una de las acusaciones.
Las acusaciones habrían derivado en amenazas por parte del primer comandante en contra del líder migrante, quien aseguró haber recibido de parte de agentes enviados por Carrera Martínez, la advertencia de que “le bajara o su familia en Mixquiahuala pagaría las consecuencias”
El denunciante no dudo en exponer los ocurrido ante funcionarios del gobierno estatal, que le recomendaron iniciar la denuncia en la propia Procuraduría de Justicia del Estado y así ocurrió, quedó registrada en el expediente 112/2025 de la visitaduría general de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde la agente del Ministerio Público, Yazmín Lemuz López, habría citado al primer comandante para iniciar el procedimiento, pero este negó los hechos e incluso conocer al líder de los migrantes, a pesar de las evidencias y grabaciones.
Al final nada ocurrió y todo terminó en un “exhorto” parecido a esos llamados de atención en la escuela a portarse bien a pesar de haber golpeado a alguien o causar destrozos, porque según, no hubo elementos en contra del acusado.
Para la defensa legal del líder migrante, la agente del Ministerio Público no agotó la investigación y hubo complicidad e imparcialidad para favorecer al jefe policiaco, por lo que solicitaron su sustitución y reponer el procedimiento, el problema es que el tiempo se agota y el temor de que se cumplan las amenazas aumenta en Miguel Martínez, que ya decidió recurrir a las instancias de protección a migrantes en el país y el último paso será la oficina del consulado en Estados Unidos en Dallas,Texas, lo que sería un grave antecedente del gobierno hidalguense y no abona al tema migratorio, aunque quiera vérsele como un tema local y doméstico, no deja de involucrar a las dependencias de seguridad tan seriamente cuestionadas por el gobierno vecino.
De mi tintero…Lo ocurrido en las últimas horas en Tula, sólo confirma que hay presencia de células delictivas del estado de Sinaloa operando en Hidalgo, y que también están en disputa territorial, luego de la detención de Hugo Alberto M.M., alias el “H”, líder de los “Solas”, agrupación afín a Ismael “el Mayo” Zambada…La que esta por caerse es la acusación en contra del dirigente transportista Javier Contreras Briseño, su defensa legal parece haber reunido pruebas suficientes para demostrar que todo fue un plan orquestado por Humberto Cabrera Román, el director del Sistema Integrado de Transporte Masivo apoyado por Javier Ancona, el propietario de Lusa y nuevo zar del transporte en Hidalgo…