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Verónica V.B., ex operadora de la ex secretaria de finanzas Jessica Blancas, pasó de ser una de las principales sospechosas y pieza clave en la llamada “estafa siniestra” mediante la cual según el actual gobierno estatal, se desviaron 2 mil 500 millones de pesos del erario, a una testigo protegido con privilegios para no presentarse en audiencias e incluso, no estar localizada para las autoridades judiciales.
La ex funcionaria que incluso, prolongo su estancia en la Coordinación de Planeación Financiera hasta la actual administración de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Esther Ramírez Vargas, obtuvo su libertad mediante un proceso reservado del juez Luis Raúl González Becerra, que le cambió la medida cautelar de prisión preventiva a presentación periódica.
Esta acusada del delito de peculado agravado por 12 millones de pesos, por la compra simulada del Sistema Integral de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones (SIIVOA) a la empresa Aktaion digital S.A. de C.V. pero aparentemente, habría aportado información y servido de testigo en los juicios que se siguen al ex oficial Mayor del Gobierno Estatal Martiniano V.O., el ex subsecretario de Educación Pablo M.C., del ex director de administración de la Secretaría de Gobierno Aldo A.M., y del ex director de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) Salvador T.S., todos por peculado agravado que en conjunto suman más de 200 millones de pesos.
Quizá por eso, la ex funcionaria que de acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Alto Impacto encargada de la integración de los expedientes conocidos como “Maxiproceso”, participó directamente en la liberación de recursos extraordinarios a dependencias estatales y gobiernos municipales, hoy tiene privilegios como muy pocos de los relacionados con estos hechos.
En este espacio incluso, se ha señalado el presunto conflicto de intereses en los que pudieran incurrir jueces del poder judicial del estado, pues la jueza Karina Vértiz Marín es esposa de Jesús Constantino Campos Licona, abogado defensor de Verónica V.B., y continuamente trabajadores del Tribunal Superior, han señalado las reuniones entre Vértiz Marín y su compañero Luis Raúl González Becerra, que lleva el expediente de la ex coordinadora financiera.
Hace unas semanas, un acta de la tercera sala Tribunal de Justicia Administrativa, confirma que, no fue posible notificar para que se presentara como testigo en el expediente 142/2023 a Veronica V.B., en el domicilio del fraccionamiento “El Saucillo” que fue proporcionado a la Unidad de Medidas Cautelares, cuando dejó la prisión, es decir, su estatus es de no localizable para el poder judicial.
Así es como en menos de un año, la ex funcionaria estatal encargada de enviar recursos extraordinarios a dependencias y municipios, pasó de ser el principal eslabón de la “estafa siniestra” a protegida del sistema judicial.
De mi tintero… Los hermanos Nochebuena se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno estatal, particularmente el diputado Julián, a quien le adjudican haber recomendado a las empresas Construcciones Sineral S.A. de C.V., e Infraestructura GC S.A. de C.V. que recibieron 33 millones de pesos y no construyeron la carretera que va de San Felipe Orizaltán-Las Piedras por la cual existe una carpeta de investigación…En donde crecen las sospechas de arreglos entre funcionarios de la anterior y actual administración, es en la Secretaría del Trabajo pues su titular Óscar Javier González Hernández y el presidente del tribunal de Arbitraje Oscar Adrián Escamilla Oropeza, se reunieron con el ex secretario general de ese Tribunal y hoy litigante, Luis Ángel Pérez Chávez y la síndico de Chapantongo, Sayli Ecaterina Caballero García, esta última denunciada junto al alcalde Eligio Figueroa Chávez, por incumplimiento del deber al no pagar un laudo a 7 ex trabajadores, ¿será que buscan un acuerdo en lo oscurito para no liquidar y afectar los derechos de los trabajadores?