En medio de la discusión, tensión y polarización por la Reforma Judicial en el país, surgen sospechas de la actuación de jueces del poder judicial del estado, que en nada abonan a la defensa que se hace de su trabajo y por el contrario, alimentan las sospechas de una actuación parcial que atenta contra los derechos legales de las víctimas, por favorecer a familiares y políticos.
El caso de Juan Manuel Lemus Torres, un profesionista originario del municipio de Tula, que tuvo la desgracia de estar en el lugar y la hora equivocada el pasado 3 de mayo, muestra el presunto tráfico de influencias de la jueza del Juzgado Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial, María Bárbara Luna Escamilla, quien presuntamente habría utilizado su posición para evitar que su esposo Joel Alejandro Alfaro Chávez, fuera vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
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En la carpeta de investigación 12/2024/06626, el afectado denunció que, fue atacado afuera de un centro de diversión en Pachuca por los medios hermanos Joel Alfaro Morales y Joel Alejandro Alfaro Chávez, que lo confundieron con el responsable de un incidente vial, tras agredirlo física y verbalmente, el primero saco un arma de fuego y le disparó a la altura del pecho, causándole lesiones que lo tuvieron en terapia intensiva y en riesgo de perder la vida.
Logró sobrevivir, pero con graves secuelas y limitaciones físicas, además de la función de un pulmón sólo al 30 por ciento que lo tienen dependiendo de un tanque de oxígeno, por lo que buscó castigo a los responsables, pero afirma que, encontró complicaciones que despertaron las sospechas sobre la actuación sesgada de funcionarios, pues en principio hubo dilación en la ejecución de la orden de aprehensión por parte del titular de la Unidad Especializada de Homicidios y Narcomenudeo Leopoldo Guasso Soto, que a tardó más de 10 días en entregarla a los agentes de investigación, lo que dice, permitió a los implicados obtener un amparo de la justicia.
Ante las posibles irregularidades pidió el apoyo del gobernador Julio Menchaca y fue así como se agilizó la detención de los presuntos responsables, pero sólo uno, Joel Alfaro Morales fue vinculado, mientras que Alfaro Chávez, de manera inexplicable no sólo fue absuelto, sino que el juez Daniel Montaño Olvera, determinó sobreseer el caso, a pesar de que existen algunas evidencias como un vídeo -en poder de este columnista- del momento de los hechos, donde se ve a los dos sujetos a proceso por el ministerio público atacar a su víctima.
Además de la carpeta de investigación, está la causa penal 995/2024 y una queja en poder del gobierno estatal, que ya fue atendida en lo que toca a la detención de los involucrados, pero donde también se señalan la cadena de irregularidades y el posible tráfico de influencias de la jueza María Barbara Luna Escamilla, quien habría influido en la determinación de Montaño Olvera, algo que una investigación interna real e imparcial permitiría dilucidar.
De mi tintero… Otra de jueces, pocos saben que gracias a sus tíos el magistrado Oscar Barrones y la jueza Sandra Barrones, el presunto responsable de narcomenudeo y de realizar los disparos afuera del bar “Soy de Mar” Juan Guillermo Jiménez Barrones, había sido vinculado a proceso por el juez Luis Raúl González Becerra, pero dejado en libertad para continuar el proceso, la reacción del ministerio público lo impidió y permitió cambiar de juez y de medida cautelar y aplicar la prisión preventiva justificada…Por cierto, muchos se quedarán con las ganas de ver involucrado en un proceso penal al alcalde Sergio Baños, todo indica que no será de los que pasará por este tormentoso camino una vez que termine su administración…
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