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Leonardo Herrera

La red de corrupción en la Auditoría Superior del Estado

Hasta ahora, han sido cesados o decidieron de manera voluntaria renunciar 160 funcionarios, al saberse implicados en la red que se detectó, operaba desde la dirección general de auditoría a municipios y obras públicas y la dirección jurídica.

Leonardo Herrera
Noviembre 19, 2025

Convertido en un centro de corrupción, donde se habían establecido tarifas que se pasaron a rentas mensuales que se cobraban a los ayuntamientos y organismos estatales, la Auditoría Superior del Estado (ASEH), registró una sacudida interna que alcanzó a más de un centenar de funcionarios que fueron cesados o retirados de sus funciones en los últimos meses, la mayoría integrantes y personal cercano a Enrique Enciso Arellano, exdirector de Auditoría a municipios y Obras Públicas.

Un reporte interno que se entregó en el cuarto piso de Palacio de Gobierno, señaló todo el entramado que se había tejido al interior del organismo y que permitió a los ayuntamientos, solventar observaciones de la cuenta pública y evitar denuncias penales por presuntos delitos como peculado.

Fue el propio mandatario estatal Julio Menchaca, quien instruyó que la investigación en la ASEH fuera a fondo y dos los funcionarios que la llevarían a cabo, Jorge Valverde Islas ya como auditor estatal y Alfredo Cabrera Román, titular del Órgano Interno de Control (OIC), el primero fue quien entregó los expedientes de las responsabilidades y los presuntos actos de corrupción, el segundo sin alternativa, tuvo que iniciar las denuncias.

Hasta ahora sólo el exauditor del estado, Armando Roldán Pimentel, estuvo cerca de pisar la cárcel por tráfico de influencias, al arrendar un inmueble de su propiedad en Zona Plateada con una renta de 230 mil pesos mensuales a la Contraloría estatal, y con un acuerdo para entregar el inmueble en comodato durante este sexenio, evitó que se judicializara la carpeta en su contra.

En tanto, el equipo cercano de auditores del ex director Enrique Enciso, decidieron poner tierra de por medio, sabedores de la investigación en marcha y las declaraciones de algunos ex alcaldes y responsables de tesorería que relevaron el modus operandi y las cantidades que entregaban para evitar sanciones o procedimientos por presuntas irregularidades.

Hasta ahora, han sido cesados o decidieron de manera voluntaria renunciar 160 funcionarios, al saberse implicados en la red que se detectó, operaba desde la dirección general de auditoría a municipios y obras públicas y la dirección jurídica donde tampoco hasta ahora, se han encontrado los elementos más allá de señalamientos verbales, para acreditar la presunta responsabilidad de sus extitulares Enrique Enciso Arellano y Jorge Ismael Martínez Cano.

Este ha sido hasta ahora, el proceso más extenso de sustituciones en un organismo encargado de las revisiones de la cuenta pública estatal y municipal y a meses del relevo del titular del OIC, aún falta por conocer el informe final que tienen este organismo de la investigación que se pidió profundizar desde el cuarto piso.

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