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Después de más de cinco años de conflicto, la planta de cementos La Cruz Azul, ubicada en Tula, fue liberada del control de un grupo que la mantuvo detenida, un hecho que causó daños incalculables a la economía de la región.
No se sabe con certeza cuál fue el impacto económico de tener a la cementera sin producir media década, pero en octubre de 2024 el presidente del Consejo de Administración, Víctor Velázquez Rangel, reveló que la cooperativa había perdido 25 mil millones de pesos durante tres años de inactividad, por lo que la cifra debe ser aún mayor.
La pugna por el control de la cementera, cuya planta en Hidalgo se quedó en manos de un grupo afín a Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, hoy preso por delitos como lavado de dinero y operación con recursos de procedencia ilícita, fue más allá del terreno judicial.
Recordemos el enfrentamiento armado por el control de la planta que dejó nueve personas muertas el 27 de abril de 2022.
Ese mismo año la CFE suspendió el suministro eléctrico a la planta, a petición del grupo encabezado por Velázquez Rangel, como medida de presión para recuperar las instalaciones. Pero ni eso impidió que el grupo liderado por Federico Sarabia mantuviera el control hasta este jueves 12 de febrero.
Llama la atención que quien encabezó el operativo para tomar la planta fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en pleno territorio hidalguense, luego de que un juez de esa misma entidad ordenó su restitución para el grupo de cooperativistas encabezados por Velázquez.
No es casual que autoridades mexiquenses hayan venido a ejecutar el desalojo de quienes mantenían tomada la planta hidalguense, recordemos que en 2024 el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, propuso una mesa de negociación para resolver el conflicto, aunque no lo hizo de manera neutral, sino que lo hizo en una conferencia de prensa acompañado de Federico Sarabia, quien fue detenido en septiembre de 2025, acusado de secuestrar la planta de Tula y obtener ganancias ilícitas con la venta de bienes de la cooperativa y de cemento.
La torpeza de Olivares, cuya propuesta de negociación fue calificada de ridícula por Rafael Anzures Ortiz, director jurídico de la cooperativa, invalidó al gobierno de Hidalgo como autoridad, al desconocer fallos judiciales que ordenaban recuperar la planta para el grupo de cooperativistas legalmente constituido.
El operativo para recuperar la planta no fue terso. La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) informó que el acto judicial dejó 33 personas detenidas, aunque por fortuna no hubo personas fallecidas.
La buena noticia es que, tras una larga batalla judicial, la planta de Cruz Azul en Tula, que antes del conflicto iniciado en 2020 producía entre 35% y 40% del total de la cementera, volverá a funcionar, lo que reactivará la deprimida economía de la región.
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