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El humo sobre El Nandho, en Ixmiquilpan, no es una crisis fortuita ni un evento aislado. La quema de al menos tres vehículos oficiales de distintas corporaciones policiales, detonada por una diligencia judicial vinculada a la disputa del pozo El Manantial contra la localidad de Orizabita, es la manifestación más cruda de un territorio donde la autoridad estatal perdió el monopolio de la norma.
Durante décadas, el régimen priista convirtió el Valle del Mezquital en un tablero de clientelismo corporativo. Las demandas de infraestructura básica, delimitación territorial y acceso al agua no se atendieron con derechos plenos ni planeación técnica, sino con prebendas, tolerancia a la ilegalidad organizativa y acuerdos en lo oscurito para mantener el control electoral.
Se institucionalizó la administración del conflicto en lugar de su solución. Hoy, cuando la ley intenta aplicarse mediante diligencias judiciales, choca de frente contra una cultura de autotutela comunitaria alimentada por el propio Estado durante más de medio siglo.
Esta misma matriz de abandono estructural y contención artificial explica la escalada en San Salvador, donde la retención del alcalde y el posterior operativo policial con siete detenidos confirman que la gobernabilidad municipal pende de un hilo.
El patrón es idéntico, demandas sociales históricamente postergadas que, al no encontrar canales institucionales eficaces, derivan en la toma de funcionarios y la respuesta represiva como único recurso gubernamental residual.
El colapso de este modelo de gestión también alcanza la agenda ambiental. Lo que ocurre en Tula con la clausura ciudadana de las obras en el Canal Viejo Requena y la paralización preventiva del relleno sanitario Siete Mezquites son síntomas de una región tratada sistemáticamente como el patio trasero del desarrollo industrial.
El priismo histórico convirtió a la zona sur del estado en un vertedero de costos ambientales sin inversión proporcional en mitigación ni consulta real a los habitantes. La desconfianza actual de las comunidades hacia cualquier proyecto público es el dividendo acumulado de esa deuda social, un rencor que ningún boletín de prensa logra maquillar.
El escenario en Hidalgo demuestra que los vicios de origen de la política local no se borran con un cambio de siglas. La violencia en Ixmiquilpan y la parálisis en el Mezquital son el cobro de una factura histórica, y esa factura no se paga con operativos, se paga con instituciones.
La de un régimen que prefirió administrar la escasez y corporativizar la protesta antes que construir ciudadanía e instituciones sólidas, y que hoy, gobierne quien gobierne, sigue heredando la misma bomba de tiempo sin desactivar.
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