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El Poder Judicial en Hidalgo está sumido en una profunda crisis que amenaza con sepultar la credibilidad que aún queda de jueces y magistrados locales, que no encuentran en su presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverria, los argumentos necesarios para tomar decisiones que permitan solventar el momento que atraviesan y que alcanza niveles de rechazo social pocas veces visto.
No sólo es el caso Azoyatla, Zimapán, Zacualtipán o Chapulhuacán, son cientos de expedientes que todos los días se resuelven y donde juristas encuentran graves deficiencias o irregularidades que generan sospechas y críticas de la independencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJEH) en la entidad.
Para algunos magistrados, lo que hoy se vive en el TSJEH, supera por mucho la época de Yanet Herrera Meneses, prima del exgobernador Omar Fayad, quien duró 9 meses al frente de la principal magistratura, pero suficientes para demostrar la incapacidad y exhibir que el control del colegiado, lo tenía el entonces secretario de gobierno Simón Vargas, vía la exsecretaria Ariadna Itzel Duarte Martínez.
La llegada de Stella Aladro, alentó a más de uno, coincidían que se trataba de una mujer con carrera en el sistema judicial, conocedora de la problemática, debilidades y fortalezas en este organismo, aptitudes necesarias en un proceso de transición como el actual, no sólo de régimen en el gobierno, sino de reformas estructurales y de cambios sustanciales que acabaran los dedazos e imposiciones y frenara con capacidad jurídica las intromisiones.
Pero no, ocurrió todo lo contrario, las decisiones por consigna han sido más evidentes y cada día se pone en riesgo a jueces que hoy han dejado salas vacías y temerosos enfrentan audiencias vía zoom, para evitar los reclamos públicos o riesgos de que se cumplan amenazas, como en el caso de Janett Montiel Mendoza.
Y el problema no es de Montiel Mendoza, Karina Vértiz, Luis Raúl González o Emmanuel Otamendi, Noé Hernández o Jesús Vázquez, sino de las ordenes que presumiblemente reciben desde la Presidencia o la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia para resolver expedientes como el de Zimapán, Azoyatla, Zacualtipán, Chapulhuacán o Pachuca mismo donde están involucradas autoridades o despachos de abogados profesionales, ahí está el punto fino que sepulta la credibilidad del Poder Judicial y lo convierte cada día más en el retrato fiel de la mafia de la toga y el birrete.
De mi tintero… Ya que hablamos del Poder Judicial, los jueces y magistrados que no deseen ser comparsas y participar en la elección que se prevé en el 2027, de acuerdo con la Reforma Judicial local que llegó al Congreso local el mes pasado, recibirán poco más de 900 mil pesos como parte de su liquidación, algo que para algunos será más digno que condenarse a ser una dependencia más del ejecutivo… hay quien asegura que, desde el Partido Nueva Alianza que liderea Sergio Hernández ya se tejen alianzas con senadores de Hidalgo con miras al 2028 y 2030 será? O alguien está viendo algo de más..