Este miércoles, familiares y amigos de Iván Salvador Ortega González se manifestaron a las afueras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para exigir avances en la investigación del homicidio del joven, quien fue reportado como desaparecido en febrero de 2026 y localizado sin vida días después.
Durante la protesta, los inconformes denunciaron la falta de información por parte de las autoridades y anunciaron que continuarán con movilizaciones pacíficas hasta obtener respuestas claras sobre el caso.
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“Ya esperamos mucho tiempo y no vemos avances. La autoridad no nos dice nada. Solo queremos que se haga justicia”, expresó Edwin Aarón González Quiroz, primo de la víctima.
Iván, de 24 años y originario de Ciudad Sahagún, fue visto por última vez la noche del 4 de febrero, cuando salió con amigos. De acuerdo con su familia, antes de salir mencionó que se reuniría con conocidos; sin embargo, ya no regresó a casa.
Al día siguiente, al no tener noticias de su paradero, comenzaron su búsqueda. En medio de la desesperación, recibieron llamadas de extorsión en las que les exigían dinero a cambio de su supuesta liberación. La familia realizó depósitos por un total de 6 mil 500 pesos, hasta que posteriormente las autoridades confirmaron que se trataba de un engaño telefónico.
Fue el 6 de febrero, alrededor de las 10:00 horas, cuando recibieron el aviso del hallazgo de un cuerpo en un camino de terracería conocido como Camino Viejo hacia la comunidad de Tepetates. Más tarde confirmaron que se trataba de Iván, quien fue localizado sin playera y con visibles huellas de violencia.
“Lo encontramos de esa forma, no se merecía esto”, relató su primo.
Los familiares señalaron que, hasta el momento, no han tenido contacto con las personas con las que Iván salió la última vez, por lo que pidieron a las autoridades profundizar en esa línea de investigación y esclarecer lo ocurrido.
Iván era ingeniero industrial y comerciante. Junto con su familia operaba un negocio de alimentos llamado “Pollo Express”, dedicado a la venta y entrega de pollo preparado. Según sus allegados, no habían recibido amenazas ni enfrentaban problemas relacionados con su actividad comercial.
Además, era el principal sostén económico de su familia, ya que se hacía cargo de su madre con discapacidad, su abuela y su hijo menor.
Delitos que se investigan
De acuerdo con la información proporcionada por la familia y los primeros datos del caso, hasta el momento se contemplan los siguientes posibles delitos dentro de la carpeta de investigación:
Homicidio doloso, por la localización del cuerpo con huellas de violencia.
Privación ilegal de la libertad, derivado de su desaparición tras salir con amigos.
Extorsión, por las llamadas telefónicas en las que se exigió dinero a la familia a cambio de su supuesta liberación.
Sin embargo, será la autoridad ministerial la encargada de determinar con precisión la tipificación jurídica conforme avancen las indagatorias.
Autoridad señala avances
Por su parte, el director general de Investigación y Litigación de la región poniente de la Procuraduría, Juan Manuel Santander León, informó que el caso presenta avances y que la carpeta de investigación fue judicializada desde el pasado 25 de marzo.
Explicó que, debido a las características del caso, la investigación se lleva a cabo en Pachuca bajo su supervisión directa.
“Es una investigación que se ha estado trabajando y en la cual ya existen avances. No cuenta con ninguna inconsistencia ni anomalía; está siendo supervisada de manera directa para evitar cualquier tipo de dilación o rezago”, señaló.
No obstante, indicó que no pueden brindar mayores detalles públicamente para no entorpecer el proceso legal.
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Persisten exigencias
Pese a estas declaraciones, la familia manifestó su inconformidad ante la falta de resultados visibles y reiteró que continuarán manifestándose de manera pacífica.
“No queremos que nos estén dando vueltas. Queremos una solución concreta, saber qué fue lo que sucedió. No queremos que le den carpetazo al asunto”, subrayó Edwin Aarón.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a su exigencia.
“Estamos tristes, estamos enojados. No solo como familia, sino como sociedad. No es justo. Queremos que nos escuchen y que hagan su trabajo”, concluyeron.
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