El gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, defendió que servidores públicos realicen gastos millonarios, pese a que sus ingresos no concuerden con sus egresos.
El mandatario precisó que cualquier persona que ahorre para comprar lo que desea, está en su derecho de gastar su dinero como mejor lo considere, porque es decisión de cada uno.
“Si alguien reúne el dinero para hacerle los 15 años a su hija y tiene el dinero para hacerlo, pues está en su derecho. Si se tiene restricciones en otras cosas para hacer algo o comprarse algo, pues ya es la decisión de las personas qué quieren hacer con su recurso”, explicó.
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Esto, luego de que fuera cuestionado sobre la adquisición de un departamento por más de 3.8 millones de pesos que realizó el Oficial Mayor, Orlando Ángeles Pérez, a la empresa de su exjefe Juan Carlos Martínez Domínguez, denominada Celular Milenium.
Respecto a si pudiera existir un conflicto de intereses en el caso, debido a que el oficial mayor preside el comité de adquisiciones del gobierno del estado y este ha beneficiado con contratos millonarios a Martínez Domínguez, el morenista defendió la compra y dijo que está documentada con un crédito hipotecario que adquirió el funcionario público a 30 años.
“Seguramente (Juan Carlos) también le tuvo alguna consideración, pues trabajó con él. Entonces, yo no le veo ningún conflicto de intereses. Si hay alguna denuncia, si alguien quiere considerar que está dentro de una falta administrativa, pues puede hacerlo. La Contraloría realiza ese tipo de investigaciones cuando hay una denuncia o cuando no concuerdan las declaraciones patrimoniales y que, por cierto, me platicaba el contralor que va hacer algunas revisiones al respecto. No sé si está incluida esta”, expresó.
Por su parte, el presidente de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, señaló que la adquisición del oficial Mayor no cuadra en un acto de corrupción porque el departamento de 3.8 millones de pesos es equiparable a lo que paga un trabajador al adquirir un crédito en Infonavit para comprar una casa de 1.5 millones de pesos.
“(El caso) no se cuadra a un acto de corrupción, son 3 millones de pesos, pero cuando lo comparamos con una casa de interés social, no es desproporcionado”, afirmó.
Al cuestionarlo sobre si el caso sería similar al de la Casa Blanca de la esposa del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, Rico Mercado dijo que no, ya que las dimensiones y los costos de las viviendas son muy diferentes.
Sin embargo, en ambos casos los vendedores eran proveedores o contratistas de los gobiernos en turno.
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