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En Hidalgo, durante años, fue costumbre que los políticos se salieran con la suya. Predios adjudicados, contratos cuestionables y decisiones administrativas dudosas solían quedar enterradas bajo el peso del tiempo y la impunidad. Por eso, cuando hoy aparecen sanciones y reversión de actos irregulares, no puede hablarse todavía de justicia plena, pero sí de un movimiento que rompe con una tradición incómoda: la de no tocar a nadie.
El caso de Jessica Blancas, exsecretaria de Finanzas, se convirtió en un símbolo. Primero, con la reversión de la donación de un predio otorgado a una asociación civil que llevaba el nombre de su madre, Delia Jessica Blancas Hidalgo, constituida mediante escritura pública el 15 de julio de 2021.
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El terreno había sido entregado con el argumento de que sería usado para fines sociales: mejorar las condiciones de vida de personas en situación vulnerable, brindar capacitación, atención médica y alimento. Sin embargo, el 11 de octubre de 2023, el gobernador Julio Menchaca Salazar publicó la reversión del decreto al no cumplirse las cláusulas del contrato de donación.
A este antecedente se suma ahora la inhabilitación administrativa derivada del caso Banco Accendo. De acuerdo con el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, fueron inhabilitados cuatro ex funcionarios: Jessica Blancas; César Alberto González López, ex subsecretario de Egresos; Juan Luis García Hernández, ex director general de Ingresos; e Ignacio Valdez Benítez, ex titular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud.
Las resoluciones establecen que la contratación de servicios financieros con Banco Accendo generó un perjuicio a la hacienda pública estatal, ya que aproximadamente 863 millones de pesos permanecen sujetos al proceso de liquidación judicial del banco, luego de que se revocara su autorización para operar.
La investigación concluyó que, pese a las alertas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la situación financiera de la institución, los servidores públicos involucrados omitieron realizar acciones para retirar los recursos oportunamente, exponiéndolos al riesgo que hoy impide su recuperación inmediata.
La Contraloría precisó que la inhabilitación no los exime de posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales adicionales, una vez que concluya el proceso de liquidación y se determine si los activos del banco son suficientes para cubrir los adeudos con el Gobierno del Estado.
Aquí aparece el punto que no se puede esquivar: las sanciones administrativas son apenas el primer paso. Falta saber algo esencial para cualquier democracia mínima: si el patrimonio de quienes tomaron estas decisiones corresponde con los ingresos que percibieron como servidores públicos. La revisión de bienes no es venganza política, es rendición de cuentas.
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Un gobierno que se asume parte de la llamada Cuarta Transformación no puede quedarse en los gestos simbólicos ni en comunicados oficiales. Tiene la oportunidad y la obligación de romper con la historia de encubrimientos que tanto daño le ha hecho a Hidalgo.
El reto para el gobierno estatal es claro: cambiar la historia. Pasar del discurso a los hechos y demostrar que, por primera vez, en Hidalgo nadie es intocable cuando se trata del dinero público.
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