ITAIH sancionará a funcionarios de 18 municipios
La presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (Itaih), Mirna Rocío Moncada Mahuem, afirmó que funcionarios de entre 18 y 25 municipios podrían ser acreedores de una multa económica por incurrir en opacidad con las personas que presentan solicitudes de información o con el propio órgano garante.
Al concluir el evento protocolario de la sesión solemne para presentar un informe en el marco de los 15 años de creación del instituto, la funcionaria aseveró las multas deben ser pagadas con recursos propios de los funcionarios; no obstante, hasta el momento han aplicado una sanción económica mínima (15 mil pesos) al titular de la unidad de transparencia de Yahualica, ya que omitió proporcionar el nombre del encargado de resguardar la información por la que se inició la queja de incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
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En ese sentido, precisó que al multar a otros funcionarios dará pie a que la opacidad en los municipios disminuya, pues en caso de reincidencia la multa podría alcanzar las mil 500 unidades de medida y actualización (UMA).
“Vamos por más sanciones económicas en contra de municipios que no cumplen con sus obligaciones de transparencia. Vamos caminando bien, ahora que impongamos sanciones económicas, cuando les duela el bolsillo, ya van a ser más transparentes”, refirió la presidenta.
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Informe de actividades
La presidenta Mirna Moncada informó que de 2008, año en que entró en funciones el instituto local, a 2022 fueron recibidas en el Itaih 89 mil 40 solicitudes de información, de las cuales 31 mil 363 corresponden al periodo de la actual administración (2020-2022); es decir, 35.22 por ciento.
Asimismo, destacó el incremento en este rubro en los últimos años, toda vez que, de 10 mil 458 solicitudes recibidas en 2020, para 2022 aumentaron a 10 mil 651. Respecto a los medios de impugnación, el consejo general del Itaih había suspendido plazos y términos por la pandemia de Covid-19, pero meses después levantó la suspensión y resolvió 240 recursos de revisión pendientes.
Además, 626 generados en 2020, 713 en 2021 y 918 en 2022, lo que representó en los últimos dos años un incremento del 30.5 por ciento.
Respecto a las medidas de apremio impuestas, Moncada Mahuem informó que en 2020 fueron aplicadas 16, de las cuales 15 fueron amonestaciones públicas a sujetos obligados, pero al realizar un análisis a la normativa de transparencia y “consientes de que tenemos área de oportunidad”, en 2021 se determinó realizar amonestaciones a los servidores públicos, por lo que de las 115 medidas de apremio fueron aprobadas 10 llamadas de atención a servidores públicos y 107 a sujetos obligados.
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