Insensibilidad institucional
Balcón político
La presidencia del DIF en Chapulhuacán, un municipio que colinda con el estado de San Luis Potosí, emitió un “oficio de notificación” enviado al secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, Salvador Cruz Garay, para solicitarle dar facilidades al conductor de una camioneta que desde ese municipio trasladaría a tres personas enfermas a la capital del estado y al Estado de México, para su atención médica.
Firma el oficio la presidenta del DIF-Chapulhuacán, Kitzia Guadalupe Trejo Chávez, en favor de Rogelio Hernández, quien regularmente traslada a pacientes a diferentes hospitales de la ciudad de Pachuca, por lo que solicitó “se le permita la movilización” correspondiente en su vehículo Nissan Urvan, con placas de circulación HL6348F.
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Agrega la titular del DIF-Chapulhuacán en su oficio: le solicito otorgar las facilidades necesarias a la persona antes mencionada (Rogelio Hernández), a efecto de que cumpla con las instrucciones institucionales que le han sido encomendadas.
Actividades como la señalada en este oficio, las ha realizado Rogelio Hernández, con regularidad, debido a la falta de unidades en el sector salud para el traslado de pacientes tanto a Pachuca, como a clínicas del Estado de México y la Ciudad de México, según se requiera.
No está por demás decir que Chapulhuacán es un municipio enclavado en la sierra de Jacala y es uno de los municipios con altos niveles de pobreza en sus comunidades, por lo que tener servicios de salud aceptables, es difícil, como ocurre en otras localidades de la entidad.
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Ya el mismo gobernador, Julio Menchaca Salazar, desde su campaña como candidato de Morena, planteó el tema del colapso en el sector salud y anticipaba que de llegar a la gubernatura, atendería prioritariamente este sector tan sensible para la sociedad hidalguense.
Pues bien, Rogelio Hernández, fue interceptado cuando entró a Pachuca por personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOT) que simplemente aplicó la ley para impedir que unidades privadas realicen tareas de “pirataje” en perjuicio del transporte público con permiso de la autoridad.
Pacientes y chofer argumentaron que el traslado en una unidad particular, a los pacientes les representa un desembolso de alrededor de ocho mil pesos. En este caso, sólo pagan la gasolina y una gratificación al conductor.
Esos argumentos no valieron, los enfermos fueron regresados a su pueblo y la camioneta fe retenida sin mayor miramiento.
