Impugnación de la FGR a la Suspensión del Campo de Golf de Salinas Pliego en Huatulco
La Fiscalía General de la República (FGR) ha impugnado recientemente la decisión de una jueza de Oaxaca que otorgó una suspensión definitiva a Ricardo Salinas Pliego. Esta acción judicial se refiere al cierre del campo de golf Tangolunda, en Huatulco, que había sido clausurado por el gobierno federal y convertido en parque nacional por un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 26 de febrero.
El conflicto se centra en la propiedad de 110 hectáreas que estaba bajo la concesión de Grupo Salinas. El recurso de revisión fue interpuesto por el Ministerio Público de la Federación, adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito de Oaxaca, contra la resolución del 22 de marzo dictada por la jueza Miriam Fabiola Núñez Castillo. La medida cautelar otorgada a Salinas Pliego ha sido un punto de discordia importante en este caso legal.
El juicio de amparo fue promovido por Salinas Pliego el 11 de marzo, desafiando la falta de emplazamiento a la orden de inspección y la orden de clausura del Club de Golf Tangolunda. Además, el empresario impugnó la emisión y ejecución de actos u órdenes que consideró confiscatorios. A pesar de la suspensión definitiva concedida, la jueza Núñez Castillo aclaró que esta no impide que las autoridades federales continúen con el procedimiento derivado de la orden de inspección OC0058RN2024 del 4 de marzo y otra inspección del 29 de febrero, que son parte del expediente administrativo relacionado con el caso.
El Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa ahora tiene en sus manos la tarea de determinar si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia en los próximos días. Este caso no solo es relevante por las implicaciones legales y administrativas que conlleva, sino también por el impacto ambiental y social que la transformación del campo de golf en parque nacional podría representar para la región de Huatulco.
El cierre del campo de golf el 9 de marzo, seguido de una inspección una semana después, marca un capítulo más en esta contienda legal que pone en juego intereses económicos significativos y cuestiones de conservación ambiental. La resolución de este caso será crucial para definir el balance entre desarrollo privado y gestión de recursos naturales en áreas de alto valor ecológico y turístico en México.
