Hidalgo: estas son las principales causas por las que dan de baja a empresas

Adela Garmezseptiembre 28, 2023

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De 2019 a 2023, la Secretaría de Contraloría ha dado de baja del Padrón de Contratistas y Proveedores del Estado de Hidalgo a más de 260 personas físicas y morales por diversas irregularidades detectadas durante procedimientos administrativos abiertos en su contra.

De acuerdo con datos de la página de la dependencia, el 66.5 por ciento de los casos fueron por usar información falsa, aunque no se específica qué tipo de datos, lo que representa más de 170 bajas; mientras que uso de domicilios fiscales representaron el 27 por ciento, con 72 incidencias.

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No obstante, las resoluciones emitidas por la Contraloría del estado también acreditaron que otras empresas incurrieron en presentar comprobantes fiscales falsos para obtener su inscripción en el padrón, proporcionaron un domicilio falso para oír y recibir notificaciones, no presentaron fianzas de ley y por incumplir con contratos.

Dan de baja a empresas ligadas a la Estafa Siniestra

El titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales, aseguró este año que revisarían el padrón de proveedores y contratistas del estado debido a que habían detectado irregularidades con algunas empresas derivado del esquema de corrupción denominado Estafa Siniestra, por lo que comenzarían a darlas de baja.

Tal fue el caso de Remaco Servicios Empresariales SA de CV, la cual fue contratada por la Oficialía Mayor de la pasada administración para la adquisición de 34 mil litros de crema quirúrgica antiséptica durante la contingencia sanitaria y que no fue entregada.

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Asimismo, fue cancelado el registro de Grupo Constructor Integral Cardavi S.A. de C.V., a quien en Epazoyucan le fueron adjudicados trabajos sin mediar procedimiento licitación. Además, la regidora Angela Delgadillo denunció en agosto de 2022 la “desaparición” de 14.2 millones de pesos destinados para 12 obras, las cuales estarían a cargo de la empresa.

Así como estas, hay otras que fueron investigadas y su registro cancelado entre cinco y seis años, por lo que están impedidas para participar en procesos de licitación con cualquier ente municipal o estatal.