Los Ceresos que tienen mayor población femenina son Pachuca con 174, Tula con 71, Tulancingo con 36 e Ixmiquilpan con 22/Foto: Archivo

Hidalgo está lejos de garantizar derechos de mujeres en prisión

Hay una población de 363 mujeres recluidas en los 12 centros penitenciarios de la entidad

Socorro Ávilaabril 10, 2023

6 minutos de lectura

Cuando una mujer ingresa a un Centro de Readaptación Social (Cereso) se le inhabilitan sus derechos civiles y políticos, mas no sus derechos humanos, por ello, tanto autoridades, sociedad civil e iniciativa privada tienen una tarea importante para trabajar en su defensa, especialmente tras haber cumplido su condena.

Con una población de 363 mujeres recluidas en los 12 centros penitenciarios en la entidad, el estado en coordinación con asociaciones civiles cumple con un proceso de acciones para lograr la integración a la sociedad de quienes infringieron la ley mediante capacitación laboral y talleres de crecimiento personal como pueden ser decorado de uñas, literatura, panadería, manualidades, entre otros.

De acuerdo con la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado, la distribución de estas 363 mujeres en los Centros se encuentra de la siguiente manera: en Actopan se tienen 12 mujeres, Apan con una, en el centro de la Huasteca con 14, Huichapan con 6, Ixmiquilpan 22, Jacala con 5, Mixquiahuala 10, Molango 6, Pachuca con 174, Tenango con 6, Tula con 71 y Tulancingo con 36.

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Sus derechos humanos, asignatura pendiente

Faltan condiciones para brindarles servicios básicos, de salud y la oferta de talleres: IHM
La familia dependiente de una mujer privada de su libertad sufre un impacto desproporcional a lo que sucede cuando un hombre atraviesa la misma circunstancia
La repercusión se extiende más allá de la economía y alcanza las labores del hogar y el cuidado de los hijos
Ocho mujeres privadas de la libertad viven con sus hijos e hijas; sus edades oscilan de 6 meses, hasta los 2.7 años

El Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) ha encontrado como uno de los principales retos, mejorar las condiciones al interior para brindarles servicios básicos, de salud y la oferta de talleres para que, al egresar, logren su autonomía económica.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refiere en su “Diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad desde un enfoque interseccional” que el impacto del encarcelamiento sobre las familias puede tener dos aristas, si la mujer es privada de su libertad, su familia dependiente sufre un impacto desproporcional a lo que sucede cuando un hombre es privado de su libertad.

Esto porque, en el caso de los hombres privados de libertad, las mujeres se quedan a cargo de la familia e intentan sostenerla, pero cuando ocurre lo contrario, la repercusión alcanza no solo el aspecto económico, sino que se extiende a las labores del hogar y el cuidado de los hijos que, en la mayoría de las situaciones, eran ellas quienes las realizaban.

Actualmente ocho mujeres privadas de la libertad viven con sus hijos e hijas, cuyas edades oscilan de 6 meses de edad el más pequeño, hasta los 2 años 7 meses el de mayor edad.

Es necesario mejorar acceso a servicios de salud: Miranda

Sólo ocho centros cuentan con personal que brinda servicios médicos
En el periodo de 2018 a 2022 se contabilizaron cuatro defunciones
Seguridad Pública informó que en el año 2022 se brindaron 337 servicios de salud como papanicolaou

Bertha Miranda Rodríguez, directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres, aseguró que a pesar de no existir inconformidad entre las mujeres privadas de su libertad por los servicios de higiene y salud que se ofrecen al interior, reconoció que, en un primer recorrido a algunos de estos centros, detectaron que es necesario mejorar su capacidad.

Indicó que desde el IHM se da acompañamiento a sus derechos sexuales y reproductivos, “aunque están conformes con los servicios que reciben, son espacios pequeños, la infraestructura, habría que replantear en esa situación” comentó.

Bertha Miranda Rodríguez, directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres, indicó que, aunque las internas están conformes con los servicios que reciben, “son espacios pequeños”, por lo que “habría que replantear en esa situación”.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que en el año 2022 se brindaron 337 servicios de salud como papanicolaou, además de pruebas contra enfermedades de transmisión sexual VIH y SIFILIS, y dos personas con diagnóstico de aborto.

Sin embargo, sólo en ocho cuentan con personal al interior que les brinda los servicios médicos, siendo estos Apan, Actopan, Pachuca, Huasteca, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Molango y Tula; en el resto de los centros se brinda la atención a través de los servicios de Salud en Hidalgo.

Así mismo se reportó que en el periodo de 2018 a 2022 se contabilizaron cuatro defunciones, una de ellas en el 2021 por choque séptico de foco urinario, enfermedad crónica y diabetes tipo 2, mientras que las restantes tres se dieron en el 2022, una por miocardiopatía isquémica, otra por choque séptico de punto de partido pulmonar, neumonía de focos múltiples y la tercera por asfixia por ahorcamiento.

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La barrera del estigma para tener un trabajo formal

Activista propone vincular gobierno, sociedad civil e iniciativa privada para sensibilizar, capacitar y otorgar oportunidades de trabajo.

La Ley de Seguridad Pública para el Estado establece que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Reinserción Social, tiene la responsabilidad de desarrollar programas sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Daniela Hernández Chávez es directora general Alas para Crear, asociación civil que apoya a las mujeres egresadas de los centros penitenciarios a obtener una segunda oportunidad mediante proyectos enfocados a trabajar de manera personal y reconstruir su vida.

Daniela Hernández Chávez, directora general Alas para Crear, considera que deben eliminarse estigmas y darles una segunda oportunidad a quienes desean reconstruir su vida.

Su objetivo es lograr la reinserción sin etiquetas, por lo que en coordinación con las autoridades brindan cursos o talleres que les permitan iniciar sus propios negocios debido a que las empresas generalmente no les brindan la oportunidad de trabajar por sus antecedentes penales.

Hernández Chávez considera que deben eliminarse estos estigmas y darles una segunda oportunidad a quienes desean reconstruir su vida, “las mujeres en prisión chambean, trabajan en sí mismas y quieren salir adelante y quieren demostrar a su familia lo que aprendieron en prisión” comentó.

Por esta razón propone una vinculación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa privada para sensibilizar, capacitar y otorgar oportunidades de trabajo a estas mujeres “se podría firmar un convenio con empresas que quisieran sumarse para que les den esta oportunidad”.

“No es casual que los antecedentes laborales en el autoempleo de las mujeres privadas de libertad coinciden completamente con el perfil de las mujeres empobrecidas, marginadas y precarizadas” expone el Diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad desde un enfoque interseccional” de la CNDH.

Lo anterior al referir que a nivel nacional 62.6 por ciento de las mujeres dijo que, antes de ser detenidas, tenían trabajos informales tales como comerciante en un 32 por ciento, de limpieza el 16 por ciento, venta por catálogo en un 12.5 por ciento y 2.1 por ciento en trabajos para hombres, en tanto que un 18.4 por ciento se desempeñaba en una profesión, el resto no reportó alguna actividad laboral.

Aunque el sector empresarial ha manifestado su disposición a que las mujeres con antecedentes penales puedan tener una oportunidad en un empleo formal, según manifestó Juan Manuel Batres Campos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, la realidad es que no en todas las empresas se les permite ingresar al equipo de trabajo, por lo que exhortó a evitar los estigmas

“Entendemos que es parte de una readaptación, es una inserción a la sociedad y nosotros como empresas somos garantes para que estas mujeres se incorporen a estas fuerzas de trabajo como nuestras colaboradoras”.

Aunque en el 2021 la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República aprobó una reforma que prohíbe a los patrones o a sus representantes solicitar o exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, salvo en los supuestos establecidos por los ordenamientos legales, esta no avanzó al pleno.