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En cumplimiento a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo de Hidalgo presentó el proyecto para reformar la Constitución Política del Estado con el objetivo de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.
La iniciativa de reforma contempla en sus nuevas disposiciones que para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se deberá tomar en cuenta criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de auto adscripción.
Se mantiene la disposición que les otorga la figura de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, se reconoce su derecho al desarrollo y aplicación de sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos.
Además, se recalca la responsabilidad del estado para preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, su lengua, conocimientos, y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, y su derecho a ser consultados en las medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles directamente.
La diputada Yarabi González Martínez, presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado, destacó que las reformas constitucionales impulsarán las condiciones de igualdad y participación efectiva de las mujeres en los procesos de desarrollo de sus pueblos y comunidades.
De igual forma se reconoce como sujetos de derecho público a la población Afrodescendiente, con derecho a la protección de su Identidad cultural; a la promoción, reconocimiento y protección de sus conocimientos; y a ser incluidas en los registros estadísticos.
De aprobarse la propuesta, deberá garantizarse el acceso efectivo a los servicios de salud y a la educación con perspectiva intercultural, a vías de comunicación, al óptimo uso de la tierra, libres del uso de sustancias peligrosas y productos químicos tóxicos; y al reconocimiento y protección de su patrimonio cultural.
También se reconoce y se obliga a garantizar el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana a una atención adecuada, en sus propias lenguas.
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