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El titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI), Prisco Manuel Gutiérrez, informó que el Gobierno de Hidalgo, en coordinación con la Defensoría Pública Federal y el Poder Judicial, mantiene en análisis entre 50 y 70 casos de personas indígenas privadas de la libertad que podrían acceder a un proceso de excarcelación por tratarse de delitos no graves, haber cumplido la mayor parte de su sentencia, presentar graves problemas de salud o existir posibles irregularidades en el debido proceso.
El funcionario explicó que la identificación de estos expedientes ha tomado aproximadamente un año y abarca casos localizados principalmente en la Huasteca, la región Otomí-Tepehua y Pachuca, aunque señaló que existen personas indígenas en esta situación en distintas regiones del estado.
Detalló que el procedimiento de excarcelación se desarrolla en coordinación con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, así como con jueces del Poder Judicial, ya que la liberación no depende únicamente del Gobierno estatal o federal.
“No todos los casos son iguales. Hay delitos graves en los que no es posible este procedimiento; sin embargo, estimamos que entre 50 y 70 expedientes podrían ser susceptibles de este análisis”, señaló.
Entre los criterios para acceder a este beneficio se encuentran haber cumplido más del 50 por ciento de la condena, enfrentar delitos no graves, no haber podido cubrir el pago por reparación del daño cuando los montos son bajos o que durante el proceso judicial no se haya garantizado plenamente el debido proceso.
Gutiérrez indicó que algunos de los casos más sensibles corresponden a personas recluidas con un estado de salud delicado, particularmente originarias de La Lima, Jaltocán y Tenango de Doria, quienes ya han cumplido gran parte de sus sentencias y padecen enfermedades que incluso ponen en riesgo su vida.
Precisó que la mayoría de las personas contempladas en este análisis ya cuentan con sentencia firme, representando más del 95 por ciento de los expedientes, y que alrededor del 90 por ciento son hombres, sin registrarse menores de edad entre los casos revisados.
Aunque existen delitos que van desde robo hasta privación de la vida, aclaró que los expedientes que podrían derivar en una liberación corresponden principalmente a delitos no graves, mientras que los de mayor impacto continúan sujetos a las restricciones que establece la ley.
Respecto a los tiempos, indicó que cada procedimiento puede tardar entre tres meses y un año, dependiendo de la complejidad de cada expediente y de las resoluciones judiciales. Adelantó que los primeros resultados podrían darse antes de concluir este año, con aproximadamente cinco personas beneficiadas, mientras que una segunda etapa de excarcelaciones se desarrollaría durante 2027.
El titular de la CEDSPI agregó que también existen personas indígenas hidalguenses recluidas por delitos del fuero federal, incluso en centros penitenciarios como el de Almoloya, donde algunos casos presentan posibles deficiencias por la falta de intérpretes durante sus procesos judiciales.
En este sentido, destacó que Hidalgo cuenta con 235 intérpretes asignados por la CEDSPI para apoyar en juzgados y ministerios públicos, además de cerca de 200 intérpretes y traductores certificados por instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), quienes pueden participar en procesos judiciales para garantizar el acceso a la justicia de las personas hablantes de lenguas indígenas.
Finalmente, hizo un llamado a más hablantes de lenguas originarias a certificarse como intérpretes, ya que además de fortalecer la defensa de los derechos de sus comunidades, reciben un apoyo de mil 700 pesos por cada sesión en la que participan dentro de un proceso judicial.
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