Grandes fortunas en México se habrían forjado con bienes públicos

La «extrema desigualdad» que México arrastra «es resultado de transferencias masivas de riqueza» del Estado mexicano «a un pequeño grupo de magnates durante las pasadas cuatro décadas. Once de las 14 personas ultrarricas mexicanas se han beneficiado de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos otorgados por el gobierno», lo que ha derivado en un poder político que no sólo les permite conservar sus fortunas, sino hacer más pobre al resto de la población con los controles de precios que pueden ejercer a través de sus monopolios, exhibe un nuevo informe de Oxfam México.

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Los 14 ultrarricos mexicanos concentran 8 por ciento de la riqueza en un país donde 9 millones viven al día expone la organización. Once de esos 14 «se han beneficiado y se siguen beneficiando de múltiples privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las décadas recientes», enfatiza el informe.

Los primeros ejemplos son Carlos Slim, con Telmex; Ricardo Salinas Pliego, Tv Azteca; Germán Larrea, Ferrocarriles de México, y Roberto Hernández, en el sector bancario; todos beneficiados con empresas cedidas durante el gobierno de Carlos Salinas, reporta el informe. Estos empresarios tienen concesiones para explotar bienes nacionales, en los sectores de comunicaciones y transportes, el minero y el de telecomunicaciones y radiodifusión. «De hecho, las empresas de Carlos Slim tienen concesiones en todos los sectores en los que la Constitución mexicana lo permite«, acota el informe.

En El monopolio de la desigualdad se exhibe que estos beneficios han permitido que a la fecha, Carlos Slim y Germán Larrea, los dos hombres más ricos de México y de América Latina, hayan visto crecer su fortuna 70 por ciento desde 2020, beneficiados por el poder económico y político que les dan sus monopolios. Su patrimonio creció 58 y 125 por ciento, respectivamente, desde la pandemia; equivale al de 334 millones de mexicanos y se ha enquistado en una economía donde más de 9 millones viven al día.

A más de una semana de presentar su informe global en Davos, Oxfam difundió el caso de México. «En los años recientes ha habido avances en la política social y salarial, que han mejorado la distribución del ingreso especialmente para las personas trabajadoras formales», sopesa. Se registró una reducción de 41.9 a 36.3 por ciento de la población en pobreza multidimensional y un incremento real de 65.2 por ciento en el salario mínimo hasta 2022. “Sin embargo, esto no es suficiente cuando las reglas del juego para el resto de la población en México siguen siendo muy distintas a las que rigen a los ultrarricos».

«Un sistema legal y tributario hecho a modo para incrementar sus fortunas de manera desproporcionada» permite que Carlos Slim acapare 4.48 por ciento de la riqueza de México; Germán Larrea, 1.34 por ciento, y Ricardo Salinas Pliego, 0.61 por ciento. Mucho se debe a «décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia», enfatiza Oxfam.

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Oligopolios, gasolina para atizar la desigualdad

Estas influencias también les han permitido hacer más pobre al resto de la población, muestran los datos recuperados por la organización. Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 los precios generales en México incrementaron 6.5 por ciento, el mayor aumento en el costo de vida en las dos décadas pasadas.

Cuando los costos de producción volvieron a bajar, «los precios no lo hicieron, debido que los ultrarricos usaron sus monopolios y oligopolios no regulados para mantener los precios altos». De hecho, 60 por ciento del incremento de precios del periodo fue acaparado por ganancias de las empresas.

«La alta concentración del poder de mercado de las grandes empresas, una de las principales fuentes del poder económico, ha sido como gasolina para el fuego de las desigualdades. Las grandes empresas con poder monopólico tienen la capacidad de fijar los precios en los principales sectores de la economía nacional, en detrimento de los bolsillos del resto de la población», señala.

Es así que el poder económico se traduce en poder político. «Permite influir en las reglas del juego de su relación con el Estado mexicano. También afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque nuestras reglas del juego parecen tratar por igual a actores muy desiguales», explica Oxfam.

Al recuperar el trabajo de Miguel del Castillo, la organización consigna que la proporción de la riqueza nacional que corresponde al gobierno ha disminuido, al pasar de 23.2 a 9.3 por ciento de 2003 a 2020, y la de los hogares se ha mantenido, de 43 a 47 en el mismo periodo; mientras el de las empresas privadas han escalado de 18.2 a 25.2 por ciento.

He ahí la importancia de que «el Estado revitalice su papel en la economía», garantizando que las personas ganen más en su día a día, que paguen menos por lo que consumen, que exista un sistema que haga del cuidado una elección, que la riqueza sea para quien la trabaja y que pague y repare quien más contamina, propone Oxfam y lo resume en un exhorto: «la economía es política».

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