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El gobierno federal informó que en cinco reuniones directas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), celebradas en las últimas semanas, la mayoría de las demandas del magisterio encontraron solución o una ruta de seguimiento institucional. Sin embargo, un punto permanece sin acuerdo: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación, Mario Delgado, ofrecieron un mensaje conjunto en el que detallaron los alcances del proceso de diálogo y formularon un llamado a la CNTE para iniciar lo que describieron como una nueva etapa de trabajo técnico, jurídico y financiero.
Por qué el gobierno descarta la abrogación de la Ley del ISSSTE
Rodríguez y Delgado explicaron que la abrogación de la Ley del ISSSTE es el único planteamiento sobre el que el gobierno federal no puede avanzar en los términos exigidos por la Coordinadora. La razón, señalaron, es de orden presupuestario: análisis técnicos indican que esa medida comprometería recursos destinados a programas sociales, educación, salud e infraestructura para varias generaciones.
En su lugar, el gobierno propone el fortalecimiento del sistema público de pensiones mediante la creación de una aseguradora pública que opere en coordinación con el PENSIONISSSTE, con el objetivo de garantizar pensiones dignas a las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado.
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Las tres mesas que propone el gobierno a la CNTE
Los funcionarios convocaron a la CNTE a abordar tres grandes temas en una nueva etapa de negociación:
1. Sistema de pensiones. Fortalecer la vertiente pública y solidaria a través de una aseguradora que trabaje junto al PENSIONISSSTE.
2. Reforma educativa. Establecer una nueva relación entre el Estado y el magisterio basada en transparencia y respeto a los derechos laborales, eliminando prácticas de nepotismo, corrupción y venta de plazas. Este punto corresponde al compromiso número 27 de los 100 que asumió la presidenta Claudia Sheinbaum ante la nación.
3. Mesas estatales. Instalar mesas de trabajo en las entidades federativas para atender el rezago educativo y otros temas como la reinstalación de maestros cesados, reparación de daños a víctimas y acceso a la justicia.
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