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En 2022, Ana Karen Parra Bonilla fue nombrada por el Congreso local como la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH); sin embargo, su designación generó inconformidades entre la sociedad civil, principalmente, las cuales continuaron en 2025.
Aunque la ombudsperson aseguró que provenía de la sociedad civil, diversos colectivos cuestionaron su dicho, al asegurar que no se conocía su trabajo al respecto y mucho menos en la defensa de derechos humanos.
A tres años de su administración, los quejosos hicieron un recuento del presunto mal actuar de Parra Bonilla como presidenta de la CDHEH, como el hecho de no reducir su sueldo, como se comprometió al asumir el cargo.
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Asimismo, exponer las identidades de menores de edad sin consentimiento de los tutores; recrear la travesía migrante minimizando los derechos de ese sector; omisión para pronunciarse sobre los actos violentos registrados en la marcha del pasado 8M, entre otros acontecimientos.
Por lo anterior, a principios de julio pasado 11 organizaciones de la sociedad y 16 activistas independientes ingresaron una solicitud a la Oficialía de Partes del Congreso del estado, para solicitar la destitución de Ana Parra por dichas situaciones.
En esa ocasión, Lizeth Clavellina Ángeles, integrante de Seiinac, dio lectura al pronunciamiento en donde destacó que “la Comisión representa, para las organizaciones defensoras, un espacio de vigilancia, acompañamiento y exigencia al Estado en la garantía de los derechos humanos (…) cuando actúan con independencia, profundidad y sensibilidad, refuerzan la labor de la sociedad civil; cuando se alejan de ese mandato, debilitan el tejido de defensa y colocan a las personas en mayor vulnerabilidad”.
Señalaron que Ana Karen Parra se enfoca más en realizar Tik Toks que en emitir recomendaciones, pues solo ha resuelto las quejas que datan de antes de su periodo.
En contraste, colectivos de la diversidad sexogenérica acudieron al Congreso del estado para ingresar diversos oficios, por separado, en respaldo al trabajo de la presidenta de la CDHEH, en respuesta a la solicitud de destitución.
En su escrito, aseguraron que Parra Bonilla se involucró en las causas de la diversidad sexual y logró visibilizar sus causas; además, combatió la discriminación, apoyó en eventos, brindó acompañamiento y promovió acciones afirmativas en defensa de los derechos humanos de este sector de la población.
Karen Quintero, presidenta de Transgénero Hidalgo, explicó que con Raúl Arroyo, extitular de la CDHEH, se les cerraron las puertas, había mucha burocracia. “(José Alfredo) Sepúlveda tragando pastelitos y café. (Alejandro) Habib no atendía, los derechos humanos solo eran para los ricos. No eran los derechos humanos de las poblaciones ni de las feministas ni de nadie”, puntualizó.
Congreso local desecha solitud de colectivos para remover a ombudsperson
El Congreso del estado desestimó la solicitud de remoción que promovieron organizaciones de la sociedad civil contra Ana Karen Parra, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), pues consideraron que no hubo elementos para darle seguimiento.
El presidente de la junta de gobierno del Poder Legislativo estatal, Andrés Velázquez Vázquez, en un primer momento afirmó que la solicitud sería turnada a la Comisión de Gobernación, aunque adelantó que existían peticiones verbales o escritas que no justificaban el motivo de la destitución.
Además, no se le llamó a comparecer ante el Congreso.
En tanto, Ana Parra se defendió de los señalamientos en su contra y aseguró que “por todo me funan”, por lo que minimizó la solicitud de remoción y puntualizó que su trabajo la respalda.
Aseguró que su trabajo se enfoca en privilegiar a las víctimas, por lo que “creo que el trabajo que se hace en la Comisión es muy bueno, a algunos no les podrá gustar cómo trabajamos, pero vamos a seguir trabajando por las víctimas”.
De igual manera, puntualizó que, desde su llegada a la CDHEH, ha tenido que trabajar con los pocos recursos humanos que tiene a su alcance, aunque aseguró que no falta más personal, sino tener una metodología para investigar las quejas y dar respuesta lo más pronto posible a las víctimas.
Cabe recordar que Ana Karen Parra Bonilla recibió el nombramiento luego de que en la segunda votación por parte de los diputados locales fuera favorecida con 27 votos; esto, a pesar de que en la primera vuelta no obtuvo apoyos por parte de los legisladores.
La terna estaba conformada también por el exprocurador Ramiro Lara Salinas, quien ocupó el interinato ante la renuncia de Alejandro Habib; y el activista Rafael Castelán.
Nueve meses después, agresiones del 8M aún sin respuesta
El pasado 8 de marzo, mujeres del estado, encabezadas por colectivas feministas, llevaron a cabo una marcha pacífica en el marco del Día Internacional de la Mujer; sin embargo, el acto se vio empañado por las agresiones que sufrieron algunas asistentes.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició una queja de oficio por los actos violentos registrados, pero a la fecha no se tiene una recomendación o pronunciamiento por parte de la institución.
No obstante, la ombudsperson Ana Karen Parra Bonilla explicó que el proceso ha ido lento debido a que se investiga a 276 servidores públicos que presuntamente participaron en los actos de represión.
Sin embargo, puntualizó que “sería absurdo que no haya una recomendación cuando sabemos cómo sucedieron las circunstancias”, pues en Plaza Juárez, en Pachuca, donde se registraron los hechos, se encontraba personal de la comisión documentando el acto.
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Además, confió en que antes de que se cumpla un año de los acontecimientos las autoridades correspondientes respondan a los requerimientos de la CDHEH para estar en condiciones de emitir una recomendación.
Cabe recordar que en la marcha del 8M el gobierno del estado colocó vallas metálicas en las inmediaciones del Palacio de Gobierno para resguardar el espacio ante posibles actos de violencia de las manifestantes. Pero también fue desplegado un operativo de seguridad con policías, hombres y mujeres, con equipo antimotines.
Posteriormente, el gobernador Julio Menchaca Salazar dio a conocer que policías señalados por una mala actuación en la manifestación del 8 de marzo enfrentaron procedimientos ante la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH). El mandatario precisó que el órgano colegiado de la secretaría determinaría si hubo responsabilidad por parte de los policías involucrados en los disturbios en Plaza Juárez durante la marcha.
crs