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El Faro
En Mineral de la Reforma ha reinado la anarquía, por lo menos, lo que va de este siglo XXI. Esa es la conclusión a la que llego después de escuchar al alcalde, Eduardo Medécigo, decir que al menos 144 fraccionamientos no han sido municipalizados en esa demarcación contigua a Pachuca.
La cifra es de escándalo pues quiere decir que la ilegalidad ha sido la norma en ese municipio metropolitano, pues solo 58 fraccionamientos han sido recibidos legalmente por el ayuntamiento.
¿Qué implica para la ciudadanía que esos 144 fraccionamientos no hayan sido municipalizados? Quiere decir que están en un limbo jurídico, pues el ayuntamiento no tiene la obligación legal de entrar a darles mantenimiento. Tampoco se hacen cargo las constructoras, que por lo general se marchan cuando terminan de vender las viviendas y dejan el paquete a los inquilinos.
Al conocer esa cifra uno se explica por qué vivir en los suburbios de la capital del estado equivale a vivir en un lugar que parece estar abandonado. Áreas “verdes” llenas de basura, calles oscuras, inseguras, con el pavimento en ruinas, casetas abandonadas, son parte del paisaje sórdido que vemos replicado en otras ciudades de nuestro país, porque no es un problema exclusivo de Hidalgo.
La pregunta salta: ¿Quién permitió el desastre? La respuesta se diluye como la responsabilidad de las autoridades que en su tiempo se hicieron de la vista gorda. O peor, se aliaron con las constructoras para permitirles incumplir con la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
El tener 144 fraccionamientos en el limbo jurídico también habla de que varias administraciones en Mineral de la Reforma y en el gobierno estatal incumplieron con su facultad de ordenar el crecimiento urbano de la capital del estado, al tolerar que cientos de constructoras actuaran con impunidad.
Desgraciadamente quien queda a la deriva es la ciudadanía, el propietario de una vivienda que paga durante años y que pierde valor precisamente por el abandono y complicidad de autoridades y constructoras.
En medio de esa situación resulta positivo que el presidente municipal, Eduardo Medécigo Rubio, haya salido a reconocer la gravedad del problema, que durante años ha impedido la inversión pública en infraestructura y servicios básicos.
El tema es qué harán las autoridades para remediar la anarquía en que vive la mayor parte de los habitantes de la zona conurbada de la capital del estado. Porque el alcalde morenista sólo dijo que analizan “la prescripción de responsabilidades administrativas y legales” para ver si pueden proceder contra los responsables, siempre y cuando “los tiempos legales lo permitan”.
Esto anticipa que difícilmente la alcaldía sancionará a las constructoras, por lo que, como suele suceder, los vecinos tendrán que hacerse cargo de sus fraccionamientos, con las limitaciones que les imponen sus bolsillos.