Familias exigen reparación ambiental y de viviendas tras explosión de pipa en la México-Tuxpan

El estruendo en la carretera México-Tuxpan que sacudió la madrugada del pasado jueves no fue un incidente vial ordinario; fue el inicio de una pesadilla para el barrio Cuauhtémoc, en Santa María Asunción en Tulancingo. La explosión de una pipa de doble remolque obligó a familias enteras a despertar entre el pánico y abandonar sus hogares a toda prisa, mientras observaban cómo las llamas comenzaban a devorar su entorno inmediato.

Ante el rastro de destrucción, los habitantes han levantado la voz para exigir a la empresa responsable la reparación total de sus viviendas y la restauración del ecosistema local. Denuncian que, tras el estallido, no sólo enfrentan daños estructurales en sus casas, sino también una grave contaminación en sus fuentes de agua y suelos que pone en riesgo su sustento y salud.

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El siniestro ocurrió exactamente en el kilómetro 109, a la altura de la comunidad de Santa María Asunción y cerca de la caseta de San Alejo. En ese punto, la unidad de carga se precipitó desde lo alto del puente vehicular, impactando contra el suelo y desatando una bola de fuego tras el estallido del combustible.

Sin embargo, para los habitantes de la zona, la tragedia tiene un rostro de indiferencia oficial.

Denuncian que la atención de las autoridades y de la administración de la autopista se ha volcado exclusivamente a evaluar los daños estructurales del puente —lo que mantuvo dos días el cierre total de la vía— mientras que las familias permanecen con los estragos de una explosión que no solo agrietó los cimientos de sus casas, sino que fracturó por completo su tranquilidad.

Tras el fatal accidente que cobró la vida del conductor de un tractocamión de la empresa Deltrans Autotransportes, los pobladores reportan cuarteaduras en los muros de sus casas, pero, sobre todo, un trauma colectivo difícil de cerrar tras haber visto el fuego a la puerta de sus hogares.

“El susto nadie nos lo quita”, sentencian los vecinos, quienes subrayan que sus familias ya estaban asentadas en este territorio mucho antes de que la autopista atravesara sus tierras. Hoy, sienten que esa infraestructura es una amenaza constante que prioriza el flujo de mercancías por encima de la vida de quienes habitan debajo del puente. Exigen que la empresa responsable asuma el costo de la reparación del tejido social y ambiental, pues su seguridad fue vulnerada.

Ante la omisión de las autoridades sobre los daños colaterales, el abogado Alejandro Rosas García informó que la próxima semana presentarán una denuncia formal en contra de la persona moral de la empresa ante las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Vamos a presentar una denuncia por el daño a la propiedad y por las afectaciones a la salud y al ecosistema en general que generó en esta comunidad”, explicó el litigante. La demanda contempla los daños físicos en las viviendas, el impacto psicológico en los habitantes y la contaminación de la flora, fauna y cuerpos de agua, incluyendo el río local y los pozos artesanales de los que depende el suministro de la comunidad.

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