Familiares del policía asesinado en Pachuca exigen justicia

Familiares del policía estatal Bernardino N., quien falleció de un balazo el pasado 7 de agosto en la colonia San Cayetano, se manifestaron este jueves frente a los juzgados de Pachuca para exigir justicia y que el caso no sea tratado como homicidio culposo.

Pues durante la audiencia pasada de Irving N., policía estatal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), y señalado como presunto responsable del disparo que acabó con la vida de su compañero, el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), formuló la imputación por homicidvio culposo y no doloso.

La jueza Janet Montiel Mendoza decretó privada la audiencia, que se lleva a cabo en la sala III del recinto judicial. De acuerdo con las autoridades, en el caso están involucrados dos elementos de la Policía Estatal adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

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Familia denuncia irregularidades en el manejo del caso

Ivone Arellano Barrón, esposa de la víctima, expresó frente a los medios de comunicación su indignación: “Lo único que pido es que se haga justicia. Que pague por lo que hizo, por haberle quitado la oportunidad de estar con sus hijos. Dejó una niña pequeñita y un niño de nueve años. Solo quiero justicia, nada más”.

Los familiares denunciaron irregularidades en el manejo del caso, asegurando que se pretende presentar la muerte como homicidio culposo a pesar de existir pruebas que contradicen esta versión. Señalaron que el presunto agresor tardó en entregarse y que se realizaron peritajes deficientes, lo que, según ellos, podría indicar un intento de encubrimiento.

“Dicen que fue él quien se disparó, cuando no fue así. Además, se hizo un mal peritaje y creemos que están encubriendo al policía, porque tardaron mucho tiempo en que se entregara. Él sabe los protocolos que se deben seguir, y no lo hizo”, señaló la Barrón.

Los inconformes insisten en que se reconozca como homicidio doloso y no culposo, argumentando que el presunto agresor, como servidor público, tenía conocimiento de los procedimientos que debía seguir en caso de un incidente.

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