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Fallida autonomía del Ministerio Público

Fallida autonomía del Ministerio Público

DESDE LO REGIONAL

Raul Arroyo
Agosto 4, 2025

La autonomía del Ministerio Público mexicano es una entelequia. Tras una década desde la instalación del modelo en la Constitución de la República, y concretada en los órdenes federal y estatal, es evidente el fracaso de su objetivo, ante el ejercicio del Poder Ejecutivo en nuestro país.

Fundamentos históricos y jurídicos, nacionales, internacionales y de derecho comparado, sustentaron la reforma de 2014; por más sólidos, fueron insuficientes para desplazar los vicios de la institución creada en el Constituyente del 17. En estos once años, el Ministerio Público no logró empoderarse con base social.

De esa suerte, la pretendida autonomía se quedó en la letra del texto supremo convertida en ficción asumida sin pudor, ni el mínimo cuestionamiento a su transgresión.

Sobran ejemplos para ilustrar la precaria independencia de la procuración de justicia, pasarela de quienes se entrometen desde el gobierno, como de quienes obsecuentes lo acatan. Si alguna duda había de ambos comportamientos, los acontecimientos recientes en Veracruz – donde por cierto el primer fiscal autónomo acabó preso -, los muestran nítidamente: un perito de la Fiscalía estatal llevado a comparecer ante los medios por la titular del Poder Ejecutivo para hacer pública una actuación reservada a la carpeta de investigación: revictimización, contaminación del debido proceso, exceso de autoridad, falta de respeto al órgano acusador autónomo, incontinencia verbal, inobservancia de la legalidad. ¿Qué más? Suficiente para un mural.

Fue un añadido a la larga, larguísima lista de despropósitos, con el resultado de una erosión constante a la pretendida autonomía de la representación social. Por eso, hoy es un fingimiento reiterado a golpe de acciones y reacciones de quienes no aceptaron desprenderse del mando de esa institución, y de quienes fingen una autonomía inexistente.

El modelo no es malo, es inaplicable en un sistema político de tradición presidencialista y precaria división de poderes. Esa fue una de las varias razones para elevar a rango constitucional la autonomía: evitar el ejercicio de la acción penal para satisfacer intereses políticos. Pero resultó inatendible para superar la dependencia en los hechos, hasta pervertirse en mera simulación.

Así, la autonomía del Ministerio Público se suma a ese catálogo descrito por René Ibraham Cardona Picón en El espejismo constitucional (El Universal, 2/VIII/25), robusto de derechos imposibilitados de lograr superar las barreras estructurales que frenan su implementación, lo cual significa – dice – una constitucionalización de la política sin una constitucionalización efectiva del poder.

Ante la flaca probabilidad de un cambio en las prácticas profundas de la República, conviene más revertir el formato para regresar a la dependencia formal del Ejecutivo, y hacerlo responsable político de sus resultados, buenos y eficaces, malos o peores.

Enhorabuena Hidalgo pospuso el tránsito de Procuraduría a Fiscalía, al menos habrá más tiempo para repensarlo, sobre todo, cuando la voz presidencial advirtió un posible retorno a la dependencia del gobierno. Si así fuere, quedaremos exentos de participar en la farsa y en posibilidad de proponer otra opción viable sin esas ambigüedades vergonzantes enmarcadas en cinismo.

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Hay dos antecedentes positivos en nuestra Constitución local: elección indirecta del Procurador/a por el Congreso del estado, un sistema híbrido, democrático, obliga a una exposición pública de aspirantes, sus trayectorias y proyectos e independencia técnica.

Esa fórmula corresponsabiliza al Legislativo por la elección, a la persona electa, de la efectiva representación social, y a quien sea titular del Ejecutivo por la dependencia orgánica del Ministerio Público a su gobierno. Nada despreciable.

mho

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